Ramírez Martínez está señalado de haber contactado a Eugenio Correa Díaz, quien habría recibido más de 20 millones de dólarespara gestionar la adquisición de terrenos en Maceo (Antioquia), donde se tiene previsto construir la segunda planta más grande en el mundo, perteneciente a la compañía mexicana.

Ramírez, supuestamente gestionó los documentos para los pagos que autorizaba el representante legal de la compañía, Camilo González Téllez, y según la auditoría interna que expuso el abogado Jaime Granados, existirían elementos para investigarlo por posible enriquecimiento ilícito y hasta lavado de activos, según los reveló El Espectador haciéndole un seguimiento a sus bienes.

Entre las propiedades contaría con cuatro en Ibagué, un apartamento avaluado en 250 millones de pesos en un edificio ubicado en la carrera 14 con calle 100; una casa de $230 millones en el Mall Portal del Vergel, al igual que un apartamento en la carrera Tercera con calle 96 de $130 millones, y un predio que fue entregado por sucesión tras el fallecimiento de su madre en la carrera 12 con calle 36.

Además contaría con cuatro inmuebles en Bogotá, uno de estos avaluado en $2 mil 700 millones de pesos; cuatro en Cartagena de los cuales uno tendría un valor de 600 millones de pesos, y dos lotes en Coello. También aparecen registrados a su nombre, un automóvil Mercedes Benz de $95 millones; un campero Jeep de $95 millones; una motocicleta BMW de $60 millones; otro campero Mercedes Benz de $52 millones; un Renault de $18 millones y una motocicleta Suzuki avaluada en $1 millón.

El escándalo

El 23 de septiembre Cemex reveló su informe de auditoría interno, e informó a la Superintendencia Financiera que había retirado de su cargo a Ramírez y a González; lo que hizo que el director ejecutivo Carlos Jacks renunciara. A los directivos mexicanos les llamó la atención varios movimientos de dinero sin protocolos de la corporación y alejados del código de ética.

A Eugenio Correa, oriundo de Cartago (Valle), en 2011 le habría propuesto unos empresarios antioqueños que les ayudara a vender unos terrenos, que contaban con una mina de caliza, en Maceo; entre los dueños estarían miembros de la familia Ochoa Restrepo. Lo que hizo que Correa viajara a México para hacer la propuesta, haciendo que luego Ramírez lo contactara.

En 2012 habría quedado en firme el negocio, relacionado con la licencia de la mina, por 11 millones de dólares, una zona franca por 7 millones de dólares y otros terrenos por 4,6 millones de dólares, que estaban en propiedad de C.I. Calizas y Minerales; firmándose un memorando de entendimiento con Correa, por 7 millones de dólares, por intermediación de asuntos mineros.

Ese año, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio a estos predios, ya que uno de los socio era José Aldemar Moncada, considerado uno de los cerebros del desfalco a la Dian (socio del ‘zar de la Chatarra’) y que luego fue asesinado. Los terrenos pasaron a la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Por lo tanto Cemex hizo un contrato de arriendo con dicha entidad, pagando por todos estos bienes un millón de pesos mensuales (lo cual evidenció la Revista Semana), con el fin de seguir trabajando en el proyecto mientras se resolvía el lío judicial, pero los terrenos tendrían varios embargos, por lo que la compañía autorizó un segundo anticipo a Correa por 3 millones de dólares para levantarlos.

En la auditoría se conoció varios movimientos irregulares, entre estos un tercer giro a Correa por 4,5 millones de dólares entre 2014 y 2015 que no tendrían el debido soporte, además de una supuesta carta de los socios de C.I. Caliza, que afirmaba no haber recibido dineros del negocio. La compañía al considerar que los pagos y movimientos económicos se hicieron violando las políticas internas, se envió el caso a la Fiscalía para ser investigado.