s Farc.

Este escenario se hizo más complejo desde el pasado 2 de octubre cuando el voto del no se impuso en el plebiscito refrendatario de los acuerdos, lo cual llevó a que se renegociara lo pactado entre Gobierno y Farc, pero a la vez dejó sin piso la validez del acto legislativo de la paz, el cual le daba al Congreso de la República un mecanismo de trabajo especial –denominado fast track- para que aprobara de forma más rápida las leyes y las reformas constitucionales que se necesitan para implementar lo negociado.

También se cayeron las facultades especiales que le había dado el propio Congreso de la República, al presidente Juan Manuel Santos, para que completara esa normatividad que dieran vigencia a los acuerdos.

Que haya un acuerdo

El expresidente del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco Chávez, vislumbra tres escenarios en los cuales el Congreso de la República puede llegar a lograr una pronta reglamentación del texto de los nuevos acuerdos.

“Tenemos un escenario, que se logre hacer acuerdos con algunos sectores y no con todos, uno pensaría que en ese espacio queda la opción del Congreso y el plebiscito. La dificultad que veo es que el plebiscito polariza, aunque en el Congreso hay una fuerza política que tramitaría las reformas”, indica el dirigente liberal.

El peor de los escenarios, según Velasco, es que no haya ningún tipo de acuerdo. “En este vuelven las opciones del Congreso, pero el plebiscito sería muy grave porque polariza. Nadie puede prever un resultado máxime si los jefes de debate del no van a hacer lo mismo de la campaña pasada”.

Velasco, como tercera opción, dice que “el otro espacio, que no me quiero imaginar, es un Congreso tratando de sacar o implementar acuerdos con una oposición fuerte, que apunto de reglamento volverán infinito el debate”.

Frente al fallo posible de la Corte Constitucional, sostiene que depende de lo que se decida para saber si se revive el fast track.

Velasco incluso analiza que se puede dar una vía intermedia, unos acuerdos mínimos entre todos, es decir, que el nuevo texto incorpore unos cambios que se hayan concertado, aunque en otros aspectos no se haga modificación alguna.

El expresidente del Congreso dice que hay unos temas que desde lo legislativo podrían avanzar, como por ejemplo la amnistía que se requiere para los guerrilleros, pero en asuntos como la justicia transicional, la reforma constitucional para la participación en política y la asignación de curules, esto obliga a enmiendas a la Constitución del 91.

Respecto a la refrendación, el senador Velasco indicó que un escenario adicional como los cabildos abiertos no sería el mecanismo idóneo para lograr su refrendación.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, quien asegura que los cabildos abiertos no serían la forma.

Frente a los escenarios de la implementación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indica que lo único claro en este momento es que las reformas que se requieren toca hacerlas con base en la normatividad actual.

Es decir, según Motoa, las leyes requerirán de las cuatro vueltas y en algunos casos se podrá convocar a una discusión por la vía del mensaje de urgencia, en tanto que las reformas constitucionales obligan a que tengan los ocho debates, es decir, un año.

“Es el único paso que existe hoy con la reglamentación que hay. No se puede dar un fast track, a menos que se lleve a un plebiscito”, plantea el senador Motoa.

Sostiene que sí es necesario lograr un pacto entre los partidos para discutir rápidamente las normas que presente el Gobierno, aunque lamentó que no se hayan presentado mucho antes estas propuestas, eso debido a que se ató el trámite de las mismas al triunfo en el plebiscito.

Una visión más de expectativa frente a lo que debe hacer el Congreso de la República en la reglamentación es la que tiene la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano. Considera que es “necesario esperar a que se dé el fallo de la Corte Constitucional sobre si está vigente el fast track”.

Lozano sostiene que sí es necesario llegar a la discusión de esos proyectos con un nivel mínimo de consenso político.

Las demandas en la corte

El denominado acto legislativo por la paz se encuentra en este momento en su discusión de legalidad en la Corte Constitucionalidad, en donde se tramitan en especial dos demandas que hay contra el mismo.

Una, la que relativamente está más avanzada es la del exconstituyente y abogado Jesús Pérez González, quien en su alegato pide al máximo tribunal tumbar lo referente a ese mecanismo del fast track. Sobre su demanda, la misma ya tiene un concepto de la Procuraduría General, en la cual comparten su planteamiento. El estudio para la sala plena aún no se tiene programado.

La otra demanda, en la cual están centradas las esperanzas de muchos sectores, en especial el Gobierno, es la que presentó el senador del Centro Democrático Iván Duque, en la cual se reclama como invalido al plebiscito, pero dejaría en firme a esta figura del trámite legislativo especial.

La Corte Constitucional tiene previsto llevar sus sesiones de trabajo hasta el 11 de diciembre próximo, luego se declara en vacancia judicial hasta la segunda semana de enero de 2017. Lo anterior llevaría a que cualquiera de estos dos fallos, se emitan antes de salir a vacaciones.

Dato

El Congreso tendría que discutir el acuerdo y aprobarlo, pero esto se cumpliría solamente con la vinculación de algunos sectores.