Dicha Administración se habría basado en la Ley 1757 de 2015, la cual indica que el decreto de convocatoria se debe hacer en los ochos días siguientes al pronunciamiento del Tribunal, y debe fijar una fecha que esté dentro de los tres meses posteriores al concepto dado por la corporación pública; dicho concepto lo emitió el Concejo de Cajamarca el 30 de agosto.

A pesar de esto, es de recordar que en el caso de la consulta popular de Ibagué, el Tribunal estuvo cinco meses analizando la pregunta de la consulta y por ende estos tiempos legales no se tuvieron en cuenta para decretar la fecha.

Por su parte, la Registraduría no estaría preparada para desarrollar la consulta este domingo, ya que además se debe establecer un calendario electoral, en el que se designen jurados de votación, se acredite a los testigos electorales, se inscriban los comités promotores para hacer las debidas campañas, pero también se conforme la Comisión de Seguimiento Electoral para determinar la normatividad del proceso electoral.

Es así que la Registraduría estaría considerando que la fecha sea replanteada para enero. Cabe recordar que en el proceso electoral sobre minería en Piedras, la Registraduría determinó aplazar las votaciones 15 días; y para el caso de Ibagué, la fecha decretada coincidió con el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana, por lo tanto se acordó como nueva fecha el 30 de octubre, a pesar que fue suspendida debido a varias tutelas interpuestas ante el Consejo de Estado.