El alcalde de Cajamarca, William Poveda, luego de decretar la consulta popular para este domingo 27 de noviembre, citó a comité de seguimiento electoral, ya que la Registraduría emitió una consideración expresando que para esa fecha no se podría cumplir el proceso electoral, debido a la organización y logística que se requiere, además de hacer la solicitud para la asignación de recursos, la coordinación con la Fuerza Pública entre otras actividades propias de la jornada electoral.

La Registraduría sugirió el 30 de diciembre con fecha para las votaciones, pero reconoció que debido a la vacancia judicial, podría haber repercusiones en la conformación de los jurados de votación al igual que de las comisiones escrutadoras, por lo tanto le sugirió al Alcalde las fechas del 15 o el 22 de enero de 2017, con el fin de cumplir los plazos establecidos en la norma.

Por su parte, el comité ambiental que promueve la consulta, sugirió la fecha del 26 de febrero, teniendo en cuenta que al definirse el cronograma electoral se contará con 15 días para la inscripción de los comités, los cuales deben ser reconocidos mediante una resolución, proceso que puede disminuir el tiempo para el ejercicio de campaña, principalmente al tenerse que recorrer las zonas veredales.

El secretario de Gobierno de Cajamarca, Jorge Edy Rojas, expresó: “Estamos prestos en el transcurso de la semana a definir unos aspectos jurídicos para revisar la posibilidad de sacar un nuevo acuerdo, en el cual estaríamos modificando uno de los artículos del decreto para que se cambie la fecha”.

Preocupaciones

La Administración de dicho municipio aseguró durante el comité, que recibió un concepto de la Procuraduría en el que se prohíbe la utilización de los recursos públicos para la consulta popular, lo que generó suspicacias en los asistentes, ya que este tipo de decisiones no serían normales.

“Es poco usual que la Procuraduría diga que no se pueden usar recursos públicos, ya que siempre se requieren, inclusive para el plebiscito se emitió una circular conjunta entre el Registrador nacional y el Procurador general, en la que se obligaba a los alcaldes a colaborar con los procesos electorales; por lo tanto, ya solicitamos una copia que será entregada durante la comisión, porque la Alcaldía debe colaborar en la logística para el proceso electoral”, aseguró Cristian Martínez, director regional de la MOE Tolima.

Durante el comité de seguimiento electoral también se acordó que para el viernes, se debe tener el borrador del decreto que reglamenta la publicidad política, la cual se deberá implementar en el municipio para el control de la propaganda electoral.

Las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad, ya que algunos funcionarios públicos han expresado tener temores, producto del proceso electoral, por lo tanto la Personería de dicho municipio le recomendó denunciar cualquier hecho irregular, para que la Unidad Nacional de Protección realice los respectivos estudios de seguridad.