Según indican, se estarían basando en la Ley 617 de 2000, en el artículo 33, de inhabilidades de los diputados, ya que no se podía inscribir o ser electo quien tenga vínculos “con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a su elección... hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios, o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento”.

Ballesteros habría renunciado como representante legal de Agua Florida el 14 de abril de 2016, tal como estaría registrado en Cámara de Comercio de Ibagué, pero, a pesar de esto, su nombre continuaba apareciendo bajo dicho cargo, el 14 de octubre en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y el 8 de noviembre en la Superintendencia de Servicios públicos, tal como lo registran notificaciones enviadas a Agua Florida; también su nombre continuaría en la cuenta bancaria oficial del acueducto.

Cabe recordar que el empalme y la entrega a la nueva Junta Administradora del acueducto, se hizo el 29 de septiembre del presente año, y según Fabio Nelson Valbuena, actual presidente de Agua Florida, se instaurará una demanda para pedir una rendición de cuentas provocada.

Según Valbuena, durante los dos meses que lleva la nueva administración, se ha obtenido ganancias cada mes de un millón 500 mil pesos, y la anterior junta entregó en sus fondos 144 mil pesos y un pasivo de $5 millones 655 mil.

Aunque admite que las cuentas recibidas están justificadas, considera que la comunidad no evidenció grandes obras para el mejoramiento en el acueducto durante los tres años de la anterior administración.

Analizar la situación

Valbuena asegura que pedirá al juez que se haga un análisis detallado, ya que no solo se podría estar hablando de más de 50 millones de pesos por las ganancias de cada mes, sino que además hubo cerca de 100 puntos de conexión que se vendieron según el estatuto establecido en 350 mil pesos, por tal motivo consideran que el recurso que hace falta estaría por el orden de los $70 millones.

Y a la problemática se sumaría una supuesta disponibilidad de agua para la construcción de un edificio de apartamentos, documento que dice desconocer la actual Junta Administradora, y afirma que no sería posible brindar el suministro, ya que de acuerdo con Cortolima el caudal no es suficiente.

Además, porque la quebrada en promedio tendría un caudal de 11 litros por segundo, pero el acueducto sólo tiene concesión para seis litros por segundo, ya que los restantes deben ser para el Batallón Militar de la zona y para conservar el caudal ambiental.