Alan Edmundo Jara, quien fuera gobernador del Meta por tres periodos no consecutivos, en su segundo mandato fue secuestrado por las Farc, cuando se dirigía en un vehículo de las Naciones Unidas hacia Lejanías, el 15 de julio de 2001.

Luego de su liberación el 3 de febrero de 2009, se dedicó a trabajar en favor del acuerdo humanitario, fue elegido nuevamente como mandatario departamental y posteriormente el presidente Juan Manuel Santos lo nombró como el Director Nacional de la Unidad para las Víctimas.

En su más reciente periodo como Gobernador, recibió varias críticas por el manejo y el rumbo de los dineros que se invirtieron en el departamento, y ahora, como Director Nacional de la Unidad para las Víctimas, es duramente criticado por la ‘politización’ de la Unidad.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, Alan Jara respondió las críticas que, según él, vienen a lo que él llama ‘ser de provincia’ y como son vistas las personas como él en la capital, además expuso las razones por las que no existe burocratización al interior de la Unidad.

Recalcó el compromiso con las víctimas y los retos que se vienen en el posconflicto, e hizo un llamado de atención a las autoridades locales que les ha faltado compromiso con las políticas de atención y reparación a las víctimas.

EL NUEVO DÍA: Se habla de la politización de la Unidad para las Víctimas y del favorecimiento a personas que tienen su misma filial política (liberal). ¿Qué dice al respecto?

ALAN JARA: En la Unidad no se ha incrementado en un solo cargo la nómina, es decir, burocratización no hay. Con los mismos recursos hemos hecho una acción orientada a mejorar la atención a las víctimas, dirigida a que las victimas no tengan que interponer una tutela para que se les atienda; a la Unidad le llegaban 22 mil tutelas al mes, hoy en día recibimos siete mil, que sigue siendo un porcentaje alto, pero logramos reducirlo al máximo con los mismos recursos.

Disminuyeron los tiempos de repuesta de 33 días a cinco días, lo que hemos tratado de hacer es una administración eficiente. Que se está politizando, lo que sucede es que cuando uno es de provincia lo ven así: éste que viene de provincia es político.

Alan es político liberal, esa es mi ideología y no puedo separarme de ella, esa es mi convicción, pero no tengo un interés político. Yo gané la Gobernación del Meta, no por haber sido víctima, sino a pesar de haber sido víctima, porque en este país hay una estigmatización a las víctimas, las víctimas somos señaladas en muchos casos.

Mis actos en la Unidad: de 22 directores territoriales he cambiado a dos.

E.N.D.: ¿La Secretaria General de la Unidad trabajó con usted en el Meta?

A.J.: Pero claro, la secretaria General es la firma mía, es la ordenadora del gasto, yo puse a alguien de mi absoluta confianza, alguien que trabajó conmigo.

Mire, hay cinco direcciones en la Unidad y en una sola de ellas el director es del Meta, la Dirección de Asuntos Étnicos, y quien está al frente es Óscar Javier Vargas Urrego, un indígena que está haciendo un doctorado, tiene maestría y especialización, y conoce del tema.

E.N.D.: Se esperaba que, con usted en el cargo, la Unidad  de Víctimas diera un gran salto...

A.J.: Llevo siete meses. En junio de 2016, cuando llegué, ya había un presupuesto aprobado y comprometido en un 97%, no podía darle mi direccionamiento, sino ejecutar lo que ya se había aprobado.

Ahora el énfasis en la reparación colectiva hace parte de nuestro direccionamiento, el retorno, las reubicaciones, el ir más hacia lo colectivo que a lo individual, yo creo que la salida a la polarización que tenemos en el país, ayuda mucho lo que podamos hacer nosotros en reparación colectiva.

Lo que queremos es tomar medidas de reconstrucción de tejido social, y de construcción de paz, es un modelo del que no se ha logrado cerrar el primer caso en el país.

E.N.D.: ¿Cuál es el balance a la fecha de la Unidad para las Víctimas?

A.J.: En el país tenemos un aproximado de ocho millones de víctimas, en el territorio nacional, en total se han pagado 670 mil indemnizaciones que tienen un valor aproximado de cuatro billones de pesos. En el Tolima hemos pagado 11 mil 500 indemnizaciones, esto suma 70 mil millones de pesos, y en el transcurso de la semana vamos a indemnizar 172 víctimas más, que equivalen a un poco más de mil 100 millones de pesos.

Cuando uno dice que ha indemnizado a 670 mil víctimas es mucho más de lo que ha hecho ningún otro país en el mundo entero, pero cuando lo compara con ocho millones de víctimas, dice: todavía falta mucho.

E.N.D.: Si el Tolima tiene un aproximado de 146 mil víctimas y se han pagado 11.500, eso es menos del 10%. ¿Por qué esa cifra tan baja?

A.J.: La asignación no tiene un componente territorial, el componente es de vulnerabilidad, encontramos territorios donde la población víctima está en peores condiciones que en otros territorios. Los criterios para definir a quien se le paga hoy o a quien se le paga mañana son el grado de vulnerabilidad.

Lo que hacemos en el entretanto es lo que se llama atención humanitaria, en el Tolima hemos hecho 122 mil giros, un equivalente a 75 mil millones, en los cinco años que lleva la Ley de Víctimas.

En total, en el tiempo que lleva la Ley de Víctimas se han gastado tres billones de pesos. Lo que queremos es desestimular la atención humanitaria y fortalecer la indemnización, y para compensar esto queremos fortalecer la oferta del Estado en empleabilidad, en proyectos sociales productivos, en vivienda urbana y rural.

E.N.D.: ¿La Unidad para las Víctimas tiene dinero para aumentar su ejecución?

A.J.: No tanto la Unidad, sino el Estado es el que debe dar el presupuesto; hemos venido trabajando, complejo, sí, pero falta mucho. El Estado lo que ha hecho hasta hoy es una decisión inédita en el mundo, que fue empezar a reparar antes de terminar el conflicto, es decir que no se resta, porque nuevas víctimas se siguen sumando.

Lo que viene ahora es una nueva fase, en la que el foco va a estar en el posconflicto, nos coge en un momento difícil financiero, por el precio del petróleo y la reforma tributaria, hubo un recorte en todas las entidades, pero a la Unidad para las Víctimas no se le recortaron los recursos.

E.N.D.: ¿Quién sostiene la Unidad?

A.J.: Tiene tres fuentes: una es el Ministerio de Hacienda, que es la principal; dos, el Fondo de Reparación a Víctimas, que se venía surtiendo con recursos de los victimarios, específicamente de Justicia y Paz de los paramilitares, los recursos de las Farc, que como quedó acordado en La Habana, este grupo con sus recursos ayudaría a reparar las víctimas, y tres, Cooperación Internacional.

Gran porcentaje está en el presupuesto del Estado, porque el proceso de monetizar los bienes de los victimarios es bastante complejo y lento, tendrá que haber un nuevo mecanismo ahora que sea mucho más ágil, para que de manera más expedita estos bienes ayuden a reparar a las víctimas.

E.N.D.: ¿Qué dificultades o qué retos se han encontrado en el Tolima?

A.J.: Tenemos un tema que se llama certificaciones territoriales, en el que se califica a las entidades y su cumplimiento de la ley. En el Tolima tenemos cuatro municipios con certificación alta: Melgar, Purificación, San Antonio y Rioblanco; siete con certificación media: Ibagué, Chaparral, Falan, Herveo, Santa Isabel, Cajamarca y Flandes. El resto de municipios está en la más baja calificación.

E.N.D.: ¿Cómo ha sido el compromiso del Alcalde de Ibagué y del Gobernador del Tolima?

A.J.: No me meta aquí en esas... (risas). Yo puedo decirle que el Alcalde de Ibagué ha ido más veces a mi oficina, pero la idea es que sea un esfuerzo en conjunto de los tres niveles, Municipio, Departamento y Nación. Si no, no funciona.

E.N.D.: ¿Por qué no se está haciendo la tarea?

A.J.: Lo primero que se hace y responsabilidad por ley del ente territorial es implementar un plan de acción territorial, que es una herramienta diseñada por Planeación, que va muy de la mano con el Plan de Desarrollo municipal y que permite la priorización de algunos recursos que son propios, con los cuales los municipios dan respuesta a las necesidades inmediatas de las víctimas.

La mayoría de autoridades locales se encuentran con un problema dentro de mil problemas más que tienen, las víctimas son percibidas como un problema. El problema no son las víctimas, el problema es el conflicto que generó esas víctimas.

Lo primero que tiene que hacer un municipio es caracterizar esas víctimas, cuáles son, de dónde son y en qué condiciones están, con eso pueden acceder a recursos, pero esa caracterización cuesta, entonces muchos no la hacen.

Al no hacerla, no pueden acceder a los recursos del Estado, la ley establece unas responsabilidades, caracterizar a la población es una responsabilidad de cada uno de los municipios, y muchos departamentos han ayudado a sus municipios.

Ya sabiendo cómo están, en dónde están y en qué condiciones, se pueden presentar iniciativas que la Unidad ayuda a cofinanciar; nosotros, además de la ayuda humanitaria, además de las indemnizaciones, hacemos tareas con recursos a las entidades territoriales, proyectos cofinanciados para programas de generación de ingresos a las víctimas, para proyectos productivos, pero para eso se necesita que la población esté caracterizada. Acá hay una deficiencia en ello, y eso se refleja en que los planes de inversión de los municipios no se vean y al no verse no jalonan, es un círculo vicioso.

E.N.D.: ¿Qué tienen que hacer las alcaldías?

A.J.: El problema es de recursos y de priorizar. Un alcalde puede entender que como la Ley de Víctimas le da unas tareas pero no le da financiación, entonces no la hace; esto no es correcto, lo que se pretende es que la acción que haga el alcalde considere a ese grupo de personas, por ejemplo si hace un programa de deporte que incluya a ese grupo de personas, que el alcalde va a hacer unas casitas, que un grupo de esas casitas vayan para las víctimas.

Que en su presupuesto, en su plan de acción, en su programa, incluya el componente víctima, porque en ese momento es cuando va a la Gobernación y dice ‘yo voy a meter 20 casitas para las victimas, ayúdeme; en tal vereda viven unas victimas, ayúdenos a hacer una placa huella, que para llegar allá es muy difícil’.

Ahora, si yo no sé qué víctimas tengo, pues no puedo hacer nada, por eso lo primero es la caracterización y en eso también podemos ayudar, le damos el software y la capacitación, todo se puede hacer.

E.N.D.: ¿Cuál es el papel específico en el tema de Justicia para la Paz?

A.J.: Todo el punto cinco de La Habana, que es el de las víctimas, la esencia de ello, y que por qué se dice que las víctimas estamos en el centro de ese acuerdo, es porque la esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz está basada en lo que las víctimas pedimos, la verdad.

Pero allí se fortalecen otros mecanismos, entonces se crea una comisión para el esclarecimiento de la verdad: ahí nuestra misión es garantizar la presencia y la participación de las víctimas en todo este proceso de verdad; se crea la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas, a la que recurrimos también con atención psicosocial y hasta con logística, acompañamos a los familiares de las personas desaparecidas.

Se crea también una serie de acciones que son actos de reconocimiento de responsabilidades, como por ejemplo lo que pasó en el Valle del Cauca, con los familiares de los diputados; en Bojayá, en La Chinita, en esos actos debemos garantizar el acompañamiento y la presencia de las víctimas.

Entonces, lo que va a lograrse ahora o nuestra tarea, en lo que tiene que ver en la implementación del acuerdo de paz, es garantizar la participación real de las víctimas y el mismo acuerdo contempla otras acciones, como fortalecer retornos y reubicaciones incluidos connacionales que están en el extranjero.

Cifra

174 mil víctimas en el Tolima están registradas como tal, de ellas son sujetas de atención 146 mil, que son atendidas en dos centros regionales, en Ibagué y en Líbano.

Frase

"El Gobierno tiene que invertir en construcción de paz, en las mismas zonas en las que durante años gastó en guerra".