Al margen de las conclusiones apresuradas, las primeras reacciones tras conocerse la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima a evaluar la constitucionalidad de la pregunta de la Consulta Popular son de optimismo en algunos sectores, aunque persisten dudas en otros.

Por un lado, la decisión del alto tribunal no disgustó a los promotores de la iniciativa, porque reafirmó la competencia de las autoridades municipales para pronunciarse y adelantar consultas populares en defensa de sus territorios, sin embargo, es claro que se trata de un revés político-administrativo que implica un desgaste para sus defensores al tener que repetir instancias del proceso.

Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Tolima no puede desconocer la decisión del Consejo de Estado y seguramente ordenará modificar la pregunta por una que cumpla con los parámetros de claridad, imparcialidad y objetividad que no induzcan al electorado a un respuesta, tal como lo dicta la sentencia. En un término de un mes, determinará si el Alcalde de Ibagué tiene que proponer una nueva pregunta.

Cabe recordar que la pregunta inicial que había aprobado el Tribunal es: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

¿Debe o no pasar por el Concejo?

La jefe de la Oficina Jurídica de Ibagué, Gladys Gutiérrez Upegui, descartó que el Concejo tenga que emitir un nuevo concepto de conveniencia de la consulta, ya que la discusión radica en la formulación de una nueva pregunta, un estudio que le compete al Tribunal Administrativo del Tolima.

“Ya se superó la etapa del pronunciamiento del Concejo, ahora el escenario de la constitucionalidad y formulación de la pregunta le corresponde al Alcalde y el Tribunal”, dijo la funcionaria.

Contrario a lo que piensa Gutiérrez, el concejal Camilo Delgado, uno de los defensores de la iniciativa, afirmó que el proceso deberá iniciar de cero.

“En mi criterio, si se reformular la pregunta deberá surtirse todo el trámite, uno, ante el Consejo de Gobierno como lo establece la ley estatutaria y dos, nuevamente ante el Concejo de Ibagué, es nuestro criterio, muy seguramente la Administración municipal tendrá que sustentar su tesis”, aseguró.

Opine

Renzo García, miembro del Comité Ambiental 

“Creemos que si es necesario, cambiaremos la pregunta, pero queremos dejar claro que la pelea no es contra toda la minería, estamos haciendo los esfuerzos para atacar la minería metálica que usa cianuro o mercurio”.

Alberto Cruz, presidente Asociación de Minería del Tolima 

“Si ellos quieren hacer consulta, tienen que empezar de cero. Celebro la decisión, porque la pregunta es antidemocrática. Nosotros no estamos de acuerdo con las consultas, todo deber ser por concertación”.

Carlos Reyes, diputado 

“Se está dilatando la decisión de los habitantes para defender nuestro ambiente. Me parece que la pregunta estaba bien formulada, pues impide la gran minería y permite el desarrollo del municipio”.