La Contraloría General de la República adelanta una auditoría a la Gobernación del Tolima que involucra a la Asamblea durante las vigencias 2014 - 2015. EL NUEVO DÍA conoció que debido a esto, la Contraloría hizo observaciones a la Duma por el pago y cobro de primas a las que no tendrían derecho los diputados.

El proceso adelantado por la Contraloría es debido a la Ley 617 de 2000, sobre la racionalización del gasto público y los límites del gasto de funcionamiento, para este caso la Gobernación y la Asamblea, ya que el departamento es el encargado de girar recursos propios a la duma para la remuneración de los diputados.

Al parecer, cada diputado habría cobrado alrededor de 16 millones de pesos por concepto de prima de vacaciones e indemnización de vacaciones, y aproximadamente $7 millones por prima de servicios, esto teniendo en cuenta que el departamento tiene 15 asambleístas.

La respuesta

El presidente de la Duma, Alejandro Martínez, confirmó las indagaciones, asegurando que la semana pasada la Asamblea dio respuesta en los tiempos indicados: “La respuesta se dio en los términos de Ley relacionados al amparo que tienen los servidores públicos para este tipo de remuneraciones y pagos como el de primas, vacaciones, entre otros. El documento de respuesta se hizo con base a temas jurídicos apoyados en un abogado externo y el asesor de la Asamblea”.

Entre los argumentos que habrían presentado, Martínez precisó: “Hay unos antecedentes relacionados a las demandas que han interpuesto los diputados en fechas pasadas, donde los estrados judiciales les da la razón frente a los pagos, incluso estas reclamaciones por pagos que no se habían hecho en el momento, tuvieron efectos de embargo a cuentas de la Gobernación por no pagarle a los diputados”.

El presidente de la Duma también aseguró que actualmente cursan varias demandas de diputados de periodos pasados, en el Tribunal Administrativo del Tolima y en el Consejo de Estado, y que algunos fallos se han proferido dándole la razón a los asambleístas.

Los implicados

Entre los asambleístas que supuestamente habrían cobrado sin derecho de hacerlo, están los actuales diputados: Jorge Armando Duque; Julián Fernando Gómez; Luis Fernando Lombo; Harold Fernando Urrea; Graciela Vergara; Jaime Ospina; Alexánder Tovar y Álvaro Ramírez. Al igual que el actual secretario del Interior, José Ricardo Orozco.

Y los exdiputados Vladimir Espín, Jorge Enrique Forero, José Asmidier Salinas, María Estella Vázquez, Carlos Alberto Barrero y Carlos Díaz.