“He dado la instrucción de que identifiquemos esos abogados que abusan de su derecho a postulación, que presentan demandas frívolas, por cuantías exorbitantes para que sean sancionadas con faltas éticas”, aseguró el nuevo director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.

Esto, ya que el Estado enfrenta en este momento demandas con pretensiones que superan los 326 billones de pesos, sin contar una que supera los 3335 billones de pesos, lo que equivale a tres veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Esa demanda es una acción de grupo presentada por una persona desplazada en el Meta, pero busca en las pretensiones que sean reparadas todas y cada una de las víctimas de desplazamiento por cuenta del conflicto armado y está en marcha en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Otra de las demandas que preocupan y que la Agencia califica como temeraria tiene que ver con el cobro de trámites de tránsito y multas por la Secretaría de Tránsito de Sampués en Sucre, por 22,8 billones de pesos.

En marcha está igualmente la apelación a una decisión que tomó el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, Sucre, que ordenó el pago de 2,1 billones de pesos para reparar a 44.568 desplazados en el departamento.

“Llama la atención ver decisiones tomadas por jueces como el caso de Sucre, donde se condena a la Nación por dos billones de pesos. Ese tipo de acciones tiene recompensas que van hasta el 10 por ciento, o sea algún abogado va a recibir 200 mil millones. Si tenemos un presupuesto de 700 mil millones de pesos para todas las víctimas de Colombia, un solo abogado se quedaría con cerca de una tercera parte de los dineros destinados para la reparación de todas las víctimas”, dijo.

“Estamos viendo una avalancha de demandas en contra del Estado. Muchas de ellas son demandas frívolas, sin sustento, por cifras astronómicas y se localizan en algunas zonas del país y motivadas muchas veces por abogados inescrupulosos”, insistió Vélez.

En ese sentido, anunció que se trabajará en una reforma al Código Contencioso Administrativo porque, en su criterio, “el Estado está jugando con una cancha desbalanceada. Las normas están sesgadas a favor de los demandantes, y hace que al Estado le quede muy difícil defenderse”.

Veléz explicó que actualmente hay 498 mil 219 demandas en curso, siendo Colpensiones, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Ministerio de Defensa y la Unidad de Pensiones y Parafiscales - UGPP las cinco entidades más demandadas.

Los procesos con mayores pretensiones

1. Desplazamiento forzado en el país: $3.335 billones

2. Cobro por tránsito y multas en Sampués: $22.8 billones

3. Derrame de hidrocarburos en Coveñas: $14.5 billones

4. Captadoras ilegales en todo el país: $6.7 billones

5. Afectaciones en la salud de la población Wayúu por el Cerrejón: $2.9 billones

6. Ruptura del Canal del Dique: $2.4 billones

7. Desplazamiento forzado en Sucre: $2.1 billones

8. Demandas de Carlos Palacino y sus socios contra la Contraloría por las multas impuestas: $4.2 billones

9. Ola Invernal en Mompox: $1.4 billones

10. Tarifas fijo-Móvil contra el Ministerio de las Telecomunicaciones: $1.1 billones

11. Por aspersión con glifosato: $0.9 billones

12. Ruta del Sol tramo II: $0.6 billones

Electricaribe

Sobre la demanda de Gas Natural Fenosa contra el Estado por la liquidación de Electricaribe, Vélez indicó que ya se contrató a la firma que adelantará el proceso y que se está trabajando de manera conjunta con la Presidencia y los ministerios de Minas, Hacienda y Comercio.

Esto, “para abordar no solo el litigio internacional planteado, sino la problemática alrededor de la empresa”.

“Se está analizando alternativas. La defensa es vehemente y será la mejor posible. Estamos frente a una compañía que se quebró y que esa quiebra iba a generar un apagón masivo. El Estado tenía que evitar que ocurriera”, dijo.

Sobre el caso de Reficar, Vélez señaló que se está evaluando la participación eventual de la Agencia Jurídica del Estado en los procesos internacionales.

Ruta del Sol

Sobre la ruta del Sol Tramo II, Vélez explicó que se está conformando un Tribunal de Arbitramento para resolver un pleito jurídico entre el Gobierno y la concesionara y que definirá la nulidad del contrato que solicitó la Agencia Nacional de Infraestructura.

“No se puede paralizar la obra, porque si se hace se va a dar una demora adicional”, dijo Vélez al recordar que el primer tribunal había suspendido cualquier posibilidad de multar a la concesionaria.

Y señaló que es necesario llevar a cabo los procesos “sin que se deje de castigar a los responsables de esta situación, particularmente Odebrecht, que sobornó a funcionarios del Estado para conseguir ese contrato”, dijo.