Visash afirmó: “Dado el caso de que se evidencie que la persona no cumple con esa condición de ser profesional para un contrato de OPS, obviamente generaría una responsabilidad fiscal, lo que indica que tendría que devolver los recursos por los que fue contratada, y posiblemente para la contratista se hablaría de una falta penal por falsificación en documento público y privado”.

El Contralor también aseguró que la Administración local podría tener una falta disciplinaria, por omisión ante la verificación de los documentos, que se debe hacer con el fin de que cumpla los requisitos legales y su autenticidad; aún más, cuando el contrato que suscribió Jiménez Omaña, el 1143 de 2016, es firmado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo como ordenador del gasto.