Rigoberto Echeverry, manizalita de nacimiento e integrante de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, asumió recientemente la Presidencia de esa corporación, preciso en momentos en que el país está conmocionado por los paros decretados por los trabajadores oficiales, y por los maestros; unos ya solucionados y otros en cierres.

Con más de 17 años de experiencia en la Rama Judicial, este jurista desmiente los rumores que señalan a la Corte como un organismo politizado por la demora que se tomaron para escoger al presidente de esa corporación, lo mismo que sucede con las ternas para ocupar cargos de magistrados en cortes como la Constitucional.

En 2000 llegó a Bogotá, adonde ingresó como magistrado auxiliar de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde con el paso del tiempo fue magistrado titular.

- ¿Por qué se demoró tanto su designación?

Cuando se presenta un solo candidato la sala plena se toma su tiempo para dirimir la decisión. La verdad, yo hubiera preferido que esa discusión se hubiera dado el año pasado, pero… pues, no se dio y se dio este año.

En esta oportunidad los dos candidatos teníamos acogida, pero lo bueno es que ya se resolvió.

- Esto afecta el nombre de la Corte, muchas veces considerada como politizada, y esta no fue la excepción.

Es claro que estas cosas traen inconvenientes para la Corte, pues manda mensajes al público que son errados…, pero aquí una cosa sí es muy clara: la Corte no está politizada, yo no estoy matriculado en ningún partido, y no sé si el doctor Mauricio Burgos tiene algún tipo de filiación.

- Entonces no se trata de una puja política...

Esté seguro de eso. Al interior de la Corte no se ha presentado alguna puja política, lo cierto es que cada quien hace su interpretación de los hechos, y claramente esa es una interpretación política.

- ¿Pero la demora se da también con las ternas para magistrados de la Corte Constitucional?

Para muchos debe resultar muy extraño el que nosotros nos demoremos varios meses para seleccionar una terna, mientras que en el Congreso eligen en un solo día…, pero lo que pasa en este caso es que en el Legislativo funcionan como bancada o partidos, y en la Corte no se da eso, somos 23 magistrados que deben ponerse de acuerdo, y mínimo debe haber 16 votos.

- ¿No se ha pensado en modificar el reglamento para poner tope a tantas rondas y tomar una decisión especial para escoger más rápido?

Eso lo hizo el año pasado el Consejo de Estado, y nosotros hemos pensado en esa posibilidad, pero en el proceso en que estamos no podemos plantear esa posibilidad por estar en la elección de un magistrado de la Corte; pero no podemos hacer cambios en el reglamento en este momento, puesto que parecería que estamos queriendo beneficiar a un candidato de determinada terna.

Es necesario evacuar ese punto para discutir el cambio del reglamento.

- Hablar de justicia para muchos es hablar de lentitud, de demoras y de congestión. ¿Cómo está ese tema en su sala, la Laboral?

Esa ha sido mi preocupación, y así lo expresé cuando me posesioné en la Corte. Este es un proceso que viene desde 2000. Mire, cuando yo era magistrado auxiliar, el despacho que más procesos tenía alcanzaba los 20 casos; pero cuando se implementó el plan nacional de descongestión de juzgados y tribunales, con miras a recibir la oralidad, se volvió imposible estar al día. Nada más el año pasado llegamos a tener 20 mil procesos.

- Es decir que desbordó la capacidad…

Sí, claro. Mire, nosotros en la Sala Laboral mensualmente evacuamos 140 recursos de casación y unas 500 tutelas. Eso no era suficiente. Y en 2011 se empezó a tratar la necesidad de buscar medidas extraordinarias para evacuar esos procesos, varias veces lo intentamos en el Congreso de la República, pero a la tercera oportunidad sí pudimos lograrlo.

- ¿Cómo va ese tema?, ya hay 12 magistrados que les van a dar la mano al respecto, ¿no?

El año pasado logramos conseguir los recursos, y hace dos semanas se posesionaron los 12 magistrados que ya están empezando a funcionar.

- ¿Funcionar? Lo entiendo como que ya están emitiendo sentencias...

Ya vamos a mandarles 2300 procesos, estos son los casos más antiguos, son más o menos de 2011.

- ¿Se tienen plazos fijados para esa tarea de evacuación?

Ellos tienen unas metas como de 10 casaciones semanales por magistrado, la idea es tener ese control y mirar si está funcionando. De esta manera, creemos que se podrán evacuar los ocho años que van a estar vigentes estos despachos.

- Mucha preocupación este tema, pues muchos son casos de pensionados que no han recibido justicia...

Sí, eso fue lo que sentimos en 2011, mucha preocupación, pues seguramente por ser muchos de los usuarios pensionados, huérfanos o viudas, muchos seguramente se nos estaban muriendo, y la idea es poder con esta posibilidad darles la justicia que buscan.

- La Sala Penal de la Corte Suprema tiene un representante en el mecanismo para escoger magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP)...

Como está diseñado el mecanismo, José Francisco Acuña es autónomo para definir esos temas.

Legalmente ni la Sala Penal o la Sala Plena pueden intervenir en ese tema, no sé si llegue a consultar algo, pero no tiene obligación.

- ¿A la Corte le preocupa que la JEP afecte o eche para atrás fallos de la Suprema que ya son cosa juzgada?

Sí. Tenemos la preocupación de que no se mantenga la institucionalidad de la jurisdicción ordinaria y de la Corte Suprema como órgano supremo de la justicia ordinaria.

Pero nos corresponde esperar a ver qué pasa, nos pronunciaremos en su momento si es del caso.

- Estados Unidos cuestionó el que no se diera una extradición de un guerrillero. ¿Fue eso una intromisión?

Como lo dijo el Presidente de la República, las decisiones de los jueces son para respetarlas y acatarlas. Esa es la obligación mínima de todo ciudadano y de la comunidad internacional. A los jueces exigimos imparcialidad y en esa medida tenemos la obligación de respetar esas decisiones. Así funciona la democracia.

- ¿Hay más casos similares a este?

Hay varios casos de extradición en la Sala Penal, pero para saber si son o no iguales, debemos esperar a observar los fallos.

- Una ley abre las puertas para que a finales de julio salgan de las cárceles 12 mil internos de las cárceles, ¿les preocupa este punto?

Claro que sí, y mucho. Esa ley fue expedida hace dos años para solucionar la congestión en las cárceles, pero lo único que se ha hecho es, al cumplirse el primer año de la entrada en vigencia, postergarae la misma otro año más. En realidad, no se ha hecho nada y en el sistema penal hay problemas coyunturales.

- Pareciera que estamos en las mismas. ¿Será que se va a dar otro nuevo aplazamiento?

No quiero especular, pero lo que se ha querido es descongestionar las cárceles, y ahora no se quiere dejar entrar en vigencia la norma.

- ¿Los padres que no responden económicamente por sus hijos deben ir a la cárcel…?

Si una persona no cumple la obligación alimentaria, al meterla a la cárcel creo que es más malo el remedio que la enfermedad.

Debería haber otro tipo de sanciones para que, si el padre está produciendo, cumpla su deber.

Al hacer meter a la cárcel a un padre de estos, se está agravando el problema para el menor.

- Llega a la presidencia en momentos en que el país está con paros de empleados, ¿cómo ve esto usted como magistrado de la Sala Laboral?

Lo que creemos es que deben abrirse los canales de diálogo y que el paro no sea visto como el mecanismo usual. Para el caso de la Rama se ha hablado sólo de ajuste salarial, pero hay muchas más cosas de fondo como la carrera judicial, la planta de personal, pues estamos atendiendo la conflictividad del país con la planta de 1994. No escuchar a los jueces y magistrados nos vamos a ver a afrontar un paro más.

- Se ha dicho que con tutela los jueces legislan y se ordenan gastos que desbordan el presupuesto

Hay que tener prudencia con el manejo presupuestal, y eso es lo que procedemos en la Sala Laboral. En todo caso, es claro que lo que prima en cada caso son los derechos fundamentales y los jueces no pueden hacerse los ciegos. Los jueces están para decidir, no para complacer.

La Tutela y Paz

- ¿Debe reformarse la tutela?

 Sí, creo, que la tutela sobre decisiones judiciales, pues este mecanismo tiene convulsionada la jurisdicción ordinaria. Hay jueces penales concediendo pensiones, hay jueces civiles resolviendo asuntos laborales, y los laborales conociendo asuntos civiles. Eso no debe estar pasando. Debe haber un control constitucional en cada rama y que el organismo de cierre sea la sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia.

- No deben llegar los casos a la Corte Constitucional…

No, porque todos los jueces somos garantes de la Constitución. No aplicamos la ley dejando de lado la Constitución. No puede ser que cada corte tenga una jurisprudencia distinta.

- ¿Cómo ven el posconflicto desde la Corte Suprema? ¿Cómo ve el debate de la entrega de armas que se dice fue del 40% y no del 60%?

Debemos resaltar que la entrega del 40% de las armas es un alivio para el país, pues se sacan de circulación armas que estaban destinadas para atentar contra las personas y sus bienes. En la Corte estamos a la expectativa de lo que pase.

- ¿Cómo ve el que se diga que las penas para los guerrilleros desmovilizados son un ejemplo de impunidad?

Los jueces no estamos para cuestionar las normas, sino para hacerlas cumplir, que las cuestionen los políticos. Una cosa es clara, las opiniones personales de los jueces nada tienen que ver con las normas que aplican. La gente debe entender que las penas son impuestas por el juez, pero cumpliendo las normas que emite el Congreso.

Cadena Perpetua

- ¿Está de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores de niños?

Ese tema se ha debatido mucho y no creo que sea la solución. Nosotros actuamos en el momento y de acuerdo con el caso, que muchas veces es muy escabroso.

- ¿Cómo están de presupuesto?

La Rama Judicial siempre necesita más plata. La aspiración siempre ha sido que a la Rama se le adjudique un porcentaje del PIB, se había hablado del 5%, pero cada vez es menos.