El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, radicó ante la Gobernación del Tolima, una solicitud para que se objete “por inconstitucionalidad e ilegalidad” el acuerdo 012 de 2017, mediante el cual el Concejo de Ibagué prohíbe la minería de metales, al igual que la minería a mediana y gran escala de los demás minerales en el municipio.

Ya que la Gobernación tiene en su poder sancionar o no, dicho acuerdo. La entidad de Presidencia de la República precisó: “La decisión tomada por la Corporación municipal, constituye una flagrante violación del ‘status quo’ del ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento claro de las competencias que le han sido entregadas desde la Constitución y la ley a las entidades territoriales y a la Nación”.

Por lo tanto, pidió que se objete el acuerdo para que sea remitido al Tribunal Administrativo en este caso del Tolima y así hacer su análisis final de validez, también exponen sus argumentos jurídicos indicando que “el acuerdo 012 de 2017 está viciado de nulidad de manera ostensible, probada, significativa y trascendental, por estar en contravía del ordenamiento jurídico colombiano en cuanto a facultades, deberes y obligaciones”.

Además aseguran que “de la lectura del acuerdo, en su parte considerativa, llama la atención de esta Agencia la equívoca voluntad del Alcalde y del Concejo de Ibagué, de eludir de forma abierta, grosera y arbitraria el ordenamiento jurídico colombiano”.

La Andje, hace referencia de manera textual al acuerdo donde se afirma que: “Teniendo en cuenta además que el otorgamiento de títulos mineros se realiza sin consultar con los intereses locales (…) se deben adoptar medidas tendientes a la protección del patrimonio ecológico y cultural del municipio, por lo cual se procederá a la prohibición...”.

“La Corporación Pública reconoce que la ley dispone, que el otorgamiento de títulos y la autoridad competentes es la Agencia Nacional de Minería, sin embargo, a sabiendas, justifica el acuerdo en una transgresión a la misma, configurando un escenario de una eventual responsabilidad extracontractual del Estado por expedición de actos administrativos contrarios a la ley”, argumentó la agencia.

Ejemplos para ‘presionar’

La entidad de la Presidencia también le indicó al Gobernador que no es la primera decisión administrativa expedida de ese tipo, y coloca como ejemplo el acuerdo del Concejo de Caicedo, que durante la evaluación de legalidad del Tribunal Administrativo de Antioquia decidió declararlo invalido, ya que el Código de Minas indicaría que los municipios mediante acuerdo pueden restringir mas no prohibir la minería.

Otros casos serían los acuerdos de Jericó y de Támesis, que también buscan prohibir la minería y que el Gobernador de Antioquia recientemente objetó, por lo tanto, están siendo examinados por el Tribunal Administrativo de ese departamento.

Ante esos ejemplos, la Andje pide al Gobernador la objeción que podría tener un costo político para el mandatario frente al respaldo ciudadano que se ha generado, no solo con la recolección de firmas para apoyar el acuerdo, sino por las multitudinarias marchas carnavales y las dos consultas populares de Piedras y Cajamarca que prohíben la minería.