La Corte Constitucional avaló por unanimidad el pasado miércoles el Acto Legislativo 02 de 2017 que compromete a los siguientes tres gobiernos a tener el acuerdo de paz como una política de Estado. Así mismo, asegura que las instituciones deberán cumplir de buena fe el mismo.

Las posiciones al respecto están divididas. Los partidos de la coalición de Gobierno (La U, Liberal y Conservador) y otros como la Alianza Verde celebraron el hecho, al asegurar que los acuerdos están blindados. Por otro lado, los partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y algunos sectores de los liberales y conservadores sostienen que los acuerdos no están escritos sobre piedra y que pueden estar sujetos a modificaciones.

La sentencia de la Corte aún no ha sido publicada, sin embargo los magistrados leyeron un comunicado de prensa en el que fueron aclaradas las líneas generales en las que está enfocada la ponencia. La gran pregunta que queda tras la disposición del alto tribunal es si la sentencia de la Corte modificó las posiciones políticas de los partidos que ya iniciaron campaña.

Varios analistas consultados por Colprensa sostienen que, en vez de zanjar las diferencias y blindar los acuerdos, lo que se obtuvo con el fallo de la Corte fue obligar a que los partidos cerraran filas en torno de sus posiciones.

Nelson Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia), asegura que la corte no determinó una línea específica sobre cómo implementar el acuerdo, simplemente determinó que el Congreso deberá hacer normas en ese sentido.

“Es decir, el Congreso siguiente deberá implementar normas frente al acuerdo de tierras, deberá establecer cómo se hará la distribución de la tierra en Colombia. Sin embargo, el Congreso es autónomo en manejar el enfoque de esa política. Lo que no puede hacer el Legislativo es desobligarse en realizar una reglamentación al respecto”, sustenta.

Y agrega que la posición de la Corte no es una camisa de fuerza, pues “se equivoca ese triunfalismo del Gobierno de ver la decisión como la consolidación del acuerdo. Lo fortalece, pero si el acuerdo no tiene legitimidad política, nada nos garantiza que el acuerdo se cumpla. Es una idea muy ingenua, una especie de atajo jurídico para lograr la legitimidad política”.

De hecho, Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, sostiene que la posición de la Corte lo que busca es ponerle un orden a la aprobación de futuras normas en torno al acuerdo.

“Lo que dice es que hay que anteponer la responsabilidad del Estado de buscar la paz sobre la convicción política de los partidos”.

Blindaje de acuerdo, aún sin garantías

Sin embargo, Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, asegura que si bien la Corte trató de blindar los acuerdos, esto no es una garantía absoluta. “El Estado está obligado a cumplir con la paz, pero el acuerdo tiene un valor político pero no normativo. Es decir, se tiene que desarrollar de alguna forma y ahí es cuando la Corte deja un margen de interpretación”.

Jaramillo sostiene que “los partidos del Gobierno toman esto como una victoria para el proceso de paz, pero para Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos sectores del conservatismo, implica tener que acomodarse y negociar con el próximo Congreso. Ellos van a tratar de interpretar qué significa implementar el acuerdo”.

El analista agrega que “la Corte no está diciendo que el Estado tiene que aprobar ciertas disposiciones, sino que está obligado a cumplir con la paz, que es un valor abstracto, y deja unos márgenes amplios en términos de interpretación”.

De hecho, cabe recordar que en la pasada campaña del plebiscito, los partidos que apoyaban el ‘No’ aseguraron que no estaban contra la paz, sino contra la implementación que estaba haciendo el gobierno Santos al respecto. “Paz Sí, pero no así”, gritaban en las calles los opositores.

Los analistas coinciden en que esa consigna y el margen de la interpretación que da la Corte Constitucional puede, con el nuevo Congreso, cambiar de alguna manera la implementación del acuerdo.

“El acuerdo está protegido, lo que busca la Corte es que el Estado cumpla con lo prometido. Lo pactado se respeta, como dijo el presidente Santos, debido a que Colombia debe tener seguridad jurídica, el Estado no puede cambiar reglas con las que él se comprometió. Sin embargo, decir ‘Salvemos la paz en términos de espíritu’ deja libre el campo para un margen interpretativo muy alto. Recordemos que el Centro Democrático puede interpretar el acuerdo promoviendo la paz, pero no de esa paz, como ellos dicen, no la paz de Santos”, dice Jaramillo.

Por otro lado, Enrique Serrano, profesor universitario y escritor, indica que no está tan clara la independencia de la Corte en estos temas, pues “desde hace varios años los fallos carecen de neutralidad. Me parece que es una intervención indirecta en la política que es negativa. Se nota el sello y la tendencia marcada en los fallos de la Corte y eso vicia una serena disputa política para el año entrante”.

Serrano agrega que él no cree que el Presidente de la República diga a la Corte qué hacer, “pero hay un acuerdo entre ellos. Igual, el fallo busca aclarar lo que no quedó claro en la negociación y es si era un asunto de Estado o de gobierno. Sin embargo, yo creo que los acuerdos de ninguna manera reemplazan la Constitución y eso queda claro”.

¿Hacer trizas los acuerdos?

Los analistas consultados sostienen que es muy difícil que el Centro Democrático cumpla su promesa de hacer trizas el acuerdo de paz. Sin embargo, también aseguran que no es una posición a partir de la sentencia fijada por la Corte Constitucional, sino una realidad política que tiene que ser concertada con las diferentes fuerzas políticas que participan en dicha discusión.

Rubén Sánchez asegura que en la Constitución se plasman los principios y las normas que rigen a la sociedad, pero que todo principio es manejable. “Lo que creo es que algunos partidos como el Centro Democrático están adoptando posiciones duras para captar los votos que están en contra de los acuerdos. Pero la realidad política es otra cosa, es una cuestión de consensos”.

Y agrega que ningún político puede gobernar a espaldas de los gobernados. “Cuando la opinión está dividida en dos partes muy iguales, como se aprecia en los resultados del plebiscito, es muy difícil hacer un acuerdo en la sociedad. Sin embargo, los siguientes gobernantes deben pensar en todos los sectores, en los del ‘No’ y en los del ‘Sí’, y en los jóvenes que salieron a marchar, en la opinión pública. Lo que le pasa a Trump en Estados Unidos”.

De forma similar opina Nelson Camilo Sánchez, quien cree que el juego político necesita consensos y mayorías en el Legislativo.

“Quien quiera hacer trizas el acuerdo puede convocar a una constituyente, sin embargo esa convocatoria tiene unos requisitos. Para empezar, necesita el 50% del censo electoral, un gran esfuerzo, porque hasta ahora en las elecciones se ha convocado máximo el 30% de esa población”.

Para el analista, eliminar los acuerdos de paz a través de una asamblea nacional constituyente es muy difícil. Sin embargo, quienes quieren hacer trizas los acuerdos tienen otras posibilidades tales como “desconfigurar el acuerdo al quitarle los recursos o colocando personas incompetentes en las instituciones encargadas. Sin voluntad política, va a ser mucho más difícil la implementación del acuerdo”.

Por otro lado, Mauricio Jaramillo sostiene que es imposible que dentro de 12 años, el plazo fijado por la Corte, “permanezca absolutamente inmaculado el acuerdo, es decir este es un acuerdo negociado, no es una constitución, se negociaron unos principios para desmontar la violencia política y establecer condiciones para un país en paz. La pregunta es cuál es la esencia del acuerdo. Lo que dijo la Corte es que en las decisiones no se debe implicar el espíritu del acuerdo. El problema es que, por ejemplo, en el tema de drogas hay variables externas que van a afectar lo dicho. Pretender que eso está escrito en piedra es irrealista”.

Y agrega que los partidos opositores “seguramente se van a escudar en que hay un compromiso del Estado, pero también de las guerrillas, y si estas no cumplen sus compromisos, va a ser muy difícil”.

Además, Jaramillo sostiene que los partidos de oposición van a permanecer más que nunca fijos en sus posiciones. “Lo que ellos buscan es conseguir votos y actuar con coherencia ideológica. Germán Vargas Lleras ya se dio cuenta de que debe sobrepasar a Fajardo y que la clave está en acercarse al Centro Democrático. Sería un suicidio político que ellos salieran a apoyar la paz solo por el fallo de la Corte”.

Pese a que la sentencia es clara en que es un compromiso del Estado velar por la paz en Colombia, los analistas sostienen que hay muchas maneras de hacer la paz y solo será hasta que se elija el nuevo congreso y el nuevo presidente cuando se sabrá cuál es el futuro de los acuerdos, que no queda claro hasta qué punto están blindados.