Según informó la Fiscalía, la pena se determinó por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según lo demostrado por la Fiscalía, los delitos se cometieron al suscribir dos contratos con el objeto de adquirir materiales de construcción, destinados para apoyar programas de vivienda. Así se adquirió entonces responsabilidad con dos ferreterías ubicadas en Ibagué por valor de 25 millones de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que Guzmán Vera, además de no cumplir con la etapa contractual, violó los topes de contratación directa y pagó precios superiores a los establecidos en el mercado.

Por otra parte, se evidenció el ingreso y salida de los bienes del almacén del municipio, facturas de venta y comprobante de egreso con firmas alteradas, todo esto con la complicidad del entonces almacenista y de la representante de la empresa de servicios públicos municipal.

En total, el detrimento patrimonial asciende a 78 millones de pesos.