Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 8’376.463 personas que han sufrido de manera directa las consecuencias del conflicto armado interno del país y que deben ser reparadas por el Estado de diferentes maneras, de acuerdo con lo que ha ordenado la Corte Constitucional en múltiples jurisprudencias.

Haciendo frente a estos llamados, en 2011 se promulgó la Ley 1448, mayoritariamente conocida como ‘Ley de Víctimas’, con el objetivo de asignar presupuesto y lineamientos para la reparación integral de las personas golpeadas por los más de 50 años de violencia. Sin embargo, con la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, se siguen develando más retos para intentar mitigar los daños causados a esta población.

De ahí que la Mesa Efectiva Nacional de Víctimas, instalada el pasado jueves en Girardot, abriera nuevos espacios para incluir a representantes de los afectados por minas antipersonal, desaparición forzada, ataques a la fuerza pública y a quienes sufrieron el conflicto armado pero que residen en el exterior.

Colprensa habló con diferentes participantes de la mesa sobre los mayores desafíos que deben enfrentar durante los dos años que estarán representando a las víctimas del conflicto y en qué aspectos esperan tener mayores avances, ahora que fueron declarados el centro de los Acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.

“La instalación de la nueva Mesa Efectiva Nacional de Víctimas representa retos muy grandes, sobre todo en temas de participación en escenarios de incidencia de políticas públicas de personas afectadas por el conflicto y en todo lo que tiene que ver con la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana. Pero también abre grandes oportunidades para nosotros”, dijo Odórico Guerra Salgado, coordinador de la Mesa.

Uno de los puntos que señalan los integrantes de esta asamblea como el más importante tiene relación con las normatividades y la toma de decisiones administrativas frente a los temas que los afectan de manera directa e indirecta, como todo lo relacionado con tierras, reparación integral, oportunidades laborales, vivienda y educación.

Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas, si bien dice que el país ha avanzado mucho en estos aspectos, coincide con la premisa de las víctimas y asegura que a Colombia todavía le falta avanzar en estos temas.

“Cerca de siete millones de víctimas han sido reconocidas como sujetos de reparación por el Estado colombiano. Hemos avanzado mucho con la inversión de nueve mil millones de pesos. Pero necesitamos seguir reparando a quienes sufrimos en el conflicto armado y para eso necesitamos mayor presupuesto”, indicó.

Para Guerra, otro de las puntos en los que tiene que concentrarse esta nueva mesa tiene que ver con la indemnización a las víctimas, porque, según él, este aspecto es fundamental para dignificar a quienes sufrieron directamente las consecuencias del conflicto.

“Estas personas necesitan reivindicación como seres humanos, padres de familia y como personas, sin distinciones de raza, género o credos. Solo de esta manera es que los colombianos podremos alcanzar la paz que de verdad queremos los colombianos”, dijo el Coordinador de la Mesa Efectiva Nacional de Víctimas.

Frente al estado de las víctimas en el país, Guerra dijo que en este momento están mucho más empoderadas que hace algunos años.

“Cuando se creó la Ley 1448 en 2011, estábamos tímidos, llenos de desconocimiento. Ahora, la gran mayoría tiene la capacidad de salir a cualquier escenario a luchar por las víctimas. Por eso podemos hablar de avances en la búsqueda de dignificación”, dijo Guerra.

“Este momento es demasiado importante para quienes vivimos las consecuencias de la violencia, porque han logrado tener espacios importantes para defender sus derechos. En los Acuerdos, por ejemplo, tuvimos gran participación y estos nuevos espacios que se abrieron en la Mesa Efectiva Nacional son una muestra de ello”, agregó Pinto.

Una de las que apoyan esta iniciativa es Adriana Patricia Pérez Rojas, quien hace parte de la mesa y representa las familias de la desaparición forzada. Comenta que esta inclusión es un hecho trascendente.

“Nuestro reto es avanzar y saber qué pasó con los 166 mil 977 desaparecidos que hay en Colombia, y a través de esta mesa podemos trabajar de la mano de las entidades para lograr dar respuestas a todas esas familias”, dijo Pérez.

Sin embargo, para esta integrante de la mesa, es necesario que se abran más puestos para los representantes de desaparecidos en la mesa nacional e impulsar más políticas que permitan encontrar a las víctimas.

Lo que falta

Para el coordinador, para avanzar falta voluntad política para resultados en temas álgidos como vivienda, generación de ingresos y educación.

El tema de restitución de tierras, según Guerra, sigue teniendo dificultades. “Es lamentable que desde que se firmaron los Acuerdos hayan matado a más de 100 líderes sociales y que en la mayoría de los casos, su muerte haya tenido que ver con el tema de tierras. Entonces, ahí nos preguntamos dónde está la seguridad para las víctimas”, agregó.

Por otro lado, afirmó que es irrisorio el número de tierras devueltas frente a los reclamantes que hay en el país. Así mismo, dice Guerra, el fondo nacional para los temas relacionados con víctimas no es suficiente para cubrir sus necesidades.

En relación con educación, los integrantes piensan que no es suficiente con las alternativas que les ofrece el Gobierno y piden espacios en las universidades públicas, para que no les toque enfrentarse al grueso de la población que intenta entrar a ellas. “Necesitamos cupos directos y crear nuevas alternativas con los gobernadores y alcaldes de las regiones”.

Frente a esto, Pinto afirmó que el Gobierno ha implementado múltiples estrategias con el fin de beneficiar en lo educativo a las personas afectadas por el conflicto. “Tenemos convenios con universidades públicas, para que esta población tenga más facilidades de ingreso. Así mismo, hemos logrado que tres mil 500 víctimas accedan a créditos condonables del Icetex.

Por otro lado, las entidades que acompañaron la instalación de la mesa señalaron la necesidad de que se extienda la Ley de Víctimas, vigente hasta 2021, para garantizar que se conserven las políticas públicas creadas alrededor de este tema.

“El eje central del proceso de paz son las víctimas y vamos a construir todo lo que tengamos que hacer para garantizarles sus derechos en todos los aspectos. Por eso la extensión de la Ley tiene que darse. Debemos preparar todo para que las víctimas queden satisfechas. Estamos siempre del lado de ellas”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Por su parte, la procuradora delegada, Elena Ambrocio, apoyó la petición del defensor y dijo que “ es necesario ampliar la vigencia de la ley, porque no hay recursos para cubrir a las víctimas durante los próximos años. Por esta razón, es fundamental que se trate este tema”.