En concreto, la Procuraduría Provincial de Chaparral endilgó tres cargos al mandatario: el primero, celebrar el contrato de obra pública 139 del 1 agosto de 2016 y el de interventoría 140 del 2 de agosto de ese mismo año, para construir un puente sobre el río Negro, sin adelantar un proceso de selección, dando aplicación a la contratación directa y amparado en la urgencia manifiesta.

En segundo lugar, se le cuestionó por utilizar indebidamente la figura de urgencia manifiesta decretada en diciembre de 2015 y derogada por la Contraloría General de la República, por no ajustarse a lo dispuesto en el estatuto general de contratación.

Y el tercero, porque, al parecer, omitió el envío inmediato de los contratos de obra pública e interventoría, junto con la documentación soporte de la declaratoria y la verificación de su recibo por parte de la contraloría.

La audiencia tendrá lugar en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Chaparral el 13 de marzo, a partir de las 2:15 de la tarde.

El caso

El puente de la vereda Montoso, que conecta con la vereda El Fique, tuvo un valor de dos mil 315 millones de pesos.

La declaratoria buscaba conseguir recursos de regalías y fue expedida por el exalcalde Néstor Trujillo, pero el mandatario Álvaro González procedió a revocarla argumentando que no había urgencia, porque era un puente que se había caído 15 años atrás y había uno artesanal que permitía el paso de personas y vehículos pequeños.

El contrato entre el Municipio y la Unión Temporal Puente Prado Río Negro 2016 se firmó el 22 de agosto, ocho meses después de emitirse la urgencia manifiesta. Pero en el documento se indicaba que eran cuatro meses de plazo para la ejecución de la obra.