Desde Ibagué, el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, rindió informe sobre los avances de la implementación de los acuerdos de paz, a la vez que se comprometió a contener el accionar de grupos criminales que amenazan la estabilidad del proceso y garantizar la protección de los líderes sociales.

El Vicepresidente entregó la información en el marco del conversatorio ‘Entre la guerra y la paz: un balance del proceso. Volver a pescar de noche’, evento que se llevó a cabo en Ibagué debido al apoyo que ha brindado la Alcaldía para lograr la terminación del conflicto armado colombiano.

A modo de conclusión, Naranjo invitó a los tolimenses “a no desfallecer” en la causa de la paz, a pesar de las dificultades que han rodeado la implementación. “Un imperativo es concentrarnos en resolver los problemas que se van generando en el día a día sin perder la perspectiva histórica que significa darle esta garantía a los colombianos”, comentó Naranjo.

En segundo lugar, indicó que, al igual que la comunidad internacional, al Gobierno le preocupa asuntos como la intimidación y asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Estamos enfrentando el propósito criminal de organizaciones transnacionales de narcotráfico que, evidentemente, quieren llegar a zonas del territorio para producir zozobra y amenazar a las comunidades”, dijo.

Por esto, afirmó que continúa trabajando para que la presencia del Estado “no se refleje simplemente en el rostro de un policía o un soldado, sino que llegue de manera integral”. También recordó que el mes pasado el Gobierno puso en marcha el Pacto Nacional por la Vida, una estrategia con la que se busca reducir los índices de homicidio y de violencia en Colombia.

“Somos conscientes que un país sin conflicto armado tiene que asegurarse de que las muertes violentas disminuyan y desaparezcan. Hay una confrontación en zonas donde hay actores dominantes de narcotráfico que ya están identificados y donde la Fuerza Pública atenderá las 600 veredas que podrían estar expuestas a este incremento de violencia”, explicó el Vicepresidente.

Por otro lado, desmintió que las relaciones con Ecuador pasen por un mal momento debido al asesinato de un equipo periodístico de ese país a manos de una disidencia de las Farc, que, según dijo, ya no es considerada de esa manera “porque solo está sujeta y motivada por el narcotráfico”.

“En la historia de Colombia hubo muchos acuerdos de paz, pero nunca se pensó en transformar las realidades sociales que derivaron en la generación de conflictos. Este acuerdo se detiene en la reforma integral del campo para cerrar las brechas de inequidad entre el país rural y urbano”, agregó.

También afirmó que, tras presentar el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, quedó ratificado el apoyo de este órgano a los esfuerzos e implementación de la paz.

Lo bueno, lo regular y lo malo en la implementación, según Ariel Ávila

Entre tanto, en la Universidad de Ibagué, se llevó a cabo el conservatorio ‘Diálogo regional: Reconocimiento del Estado e implementación, avance y restos a corto plazo’ con la participación de Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.

Respecto al balance, el investigador aseguró que hay un balance positivo en los indicadores de violencia dado que han disminuido de manera significativa: Colombia pasó de tres mil 300 secuestros y 500 mil desplazamientos en 2001, a 190 y 70 mil casos, respectivamente. Así mismo, pasó de mil 200 afectados por minas antipersona en 2005 a 17 el año anterior.

En segundo término, dijo que la dejación del armamento de las Farc también es positiva, debido a que entregaron 1.3 armas por desmovilizado. El contraste con otros procesos es llamativo, por ejemplo, los grupos paramilitares en Colombia apenas entregaron 0.6 por desmovilizado y en Afganistán, el país que tenía mejor calificación en un proceso de desarme, el reporte es de 0.76 armas por excombatiente.

Ávila explicó que hay aspectos regulares que tienen que ver con la polarización que ha suscitado la época electoral y la frustrada implementación legislativa de los acuerdos. “El país no ha entrado en una reconciliación, hay una demora impresionante en los recursos del posconflicto, el Congreso no aprobó una serie de leyes necesarias durante el fast track, lo que pasó con alias ‘Jesús Santrich’ y la violencia en la frontera, generan golpes de opinión que han debilitado el proceso de paz”, dijo el investigador.

Finalmente, señaló que la implementación territorial es definitivamente el aspecto negativo del proceso. Explicó que el Gobierno no ha mejorado las vías terciarias de muchos municipios que fueron especialmente afectados por el conflicto, los proyectos productivos no avanzan, y el plan para la sustitución de cultivos no ha dado los resultados trazados. “A nivel territorial mucha población no ha visto lo que significa el posconflicto”, acotó.

También indicó que los problemas de violencia en algunas zonas se deben a que el Gobierno no hizo presencia en los territorios y las estructuras criminales se están disputando el control del narcotráfico y la economía ilegal. “Las Farc, que ya no existen, operaban en 242 municipios, pero tenemos problemas en 76, ubicados mayoritariamente en la frontera con Ecuador, la costa Pacífica nariñense, el bajo Cauca antioqueño, el sur del Meta, Catatumbo y Guaviare”, explicó.

Agregó que estos grupos no son disidencias de las Farc, como se ha dicho, sino organizaciones que carecen de un estatus político.