La larga ‘novela’ que se vivió durante tres semanas en el Senado de la República por la suerte de la ley que crea el código de procedimiento de la Justicia Especial de Paz o ley que fija el reglamento de operación de la JEP, terminó con algunos cambios que podrían llegar a ser sustanciales.

La aprobación total del articulado se dio con el respaldo parcial que otorgó la bancada del Centro Democrático, el 90% de los artículos, pero se apartó en los temas referentes a la extradición y la sala especial de juzgamiento para los militares.

Esa postura la defendió la senadora Paloma Valencia, quien insistió que, en primer lugar, la JEP no podrá estar potestada a practicar pruebas a las solicitudes de extradición que algún gobierno, como los Estados Unidos, por ejemplo, hagan de jefes del grupo desmovilizado de las Farc.

Según lo aprobado, la JEP sólo podrá verificar si los delitos fueron cometidos antes de la desmovilización o si fueron en fecha posterior, las decisiones de fondo sobre el envío eventual de algún desmovilizado, se ratifica, queda en la Corte Suprema.

El segundo tema que logró imponer el uribismo es lo referente al acceso de los militares a la JEP. Según la senadora Valencia, esa posibilidad se mantiene y para eso en el articulado se incluyó que se darán 18 meses para que el gobierno tramite una reforma constitucional en la cual se determine que los militares tendrán una sala especial, la cual será compuesta por otros magistrados que se encargarán de esos temas.

Estas dos propuestas fueron acogidas por la mayoría requerida, la cual debido a los 28 impedimentos que se aprobaron y las cuatro sillas vacías que había en la corporación tenía un quórum más bajo, de 35 votos como mínimo. El último momento que le queda a la ley de procedimiento de la JEP se dará en la madrugada del jueves cuando se votará la conciliación en las plenarias de Cámara y Senado, para permitir su paso a sanción presidencial.

El Gobierno, por intermedio de los ministros del Interior y Justicia, y el ponente Roy Barreras, no compartieron que hayan sido aprobadas las propuestas del ‘uribismo’, porque en su concepto son abiertamente inconstitucionales y se caerán en la revisión que haga el alto tribunal constitucional.

El ministro Guillermo Rivera aseguró que “nosotros habíamos dicho desde el principio que este nuevo artículo que congela la comparecencia de los miembros de la fuerza pública ante la JEP es contrario a la Constitución, la Corte tendrá que hacer una revisión y contrastar con lo que hizo el año pasado al pronunciarse sobre el acto legislativo que la creó”.

Pese al revés en esos asuntos, el Ministro dijo que “queremos celebrar que la plenaria aprobó el proyecto de ley para que la JEP tenga unas normas de procedimiento y podrá funcionar con el pleno de sus competencias, las grandes ganadoras son las víctimas”.

El ponente Barreras señaló que “hoy hemos logrado ganar el último partido de la paz, nos metieron un par de goles ilegales, la extradición y la comparecencia de los militares, pero será el VAR, que es la Corte Constitucional, el que los va a corregir”.

Barreras, sin embargo, destacó que pese a la nueva realidad de las mayorías que ya actúan con el gobierno entrante de Iván Duque, se pudo votar 72 de los 74 artículos en mayoría.