¿Quiénes pueden votar en la Consulta?

La pueden votar todos los ciudadanos mayores de edad, siempre y cuando tengan inscrita su cédula, una información que pueden consultar ingresando a la página de la Registraduría. Podrán ejercer su derecho al voto en el mismo sitio donde votaron en junio. No hay movimientos de puestos de votación ni inscripciones de documentos.

¿Cuántos votos necesita para ser aprobada?

Para que el mecanismo sea válido, se medirán dos circunstancias: el umbral de participación, que equivale a un tercio del censo electoral, es decir, 12.075.756 personas deben votar y se tendrán en cuenta los tarjetones electorales marcados por el Sí y el No, votos nulos y no marcados. Y está el umbral de aprobación, que es la mitad más uno del total de los votos, es decir, 6.037.879.

¿Cómo sería la aplicación de la Consulta?

El Congreso de la República tiene un año para adoptar y modificar todas las leyes. Si se niega a implementar los mandatos tal cual como se lo ordenó el pueblo colombiano, el Presidente de la República tiene quince días calendario para expedir un decreto con fuerza de ley modificando las leyes, para cumplir la voluntad del pueblo.

¿Se entregará certificado electoral?

En la Consulta no se entregará certificado electoral, dado que la abstención es una de las formas de participación válida. Para las personas que votan por primera vez, la Registraduría entrega el certificado de ‘primivotantes’, es decir, para aquellas personas que ejercen su derecho al voto por primera vez.

¿Con el paquete legislativo anticorrupción radicado por el Gobierno nacional existiría alguna complicación con los efectos de la Consulta?

Son medidas complementarias a esta Consulta que, como lo ha hecho el Congreso miles de veces, pueden ser modificadas en el transcurso de las discusiones. Estas medidas, al ser trámites ordinarios no especiales, no se van a implementar en menos de dos o tres años (...) en la propuesta del presidente Iván Duque se pueden hacer modificaciones, como las hicieron a proyectos como la JEP y la reforma política.

¿La MOE vigilará la Consulta?

No vamos a hacer observación el 26 de agosto, pero estamos haciendo unos talleres pedagógicos en municipios y vamos a tener un foro en la Universidad del Tolima el próximo 22 de agosto a las 2 de la tarde donde vamos a sentar dos posiciones: un representante del Centro Democrático que le está haciendo campaña al No y un profesor de la Universidad que hablará sobre los beneficios. Como esta es una campaña de los ciudadanos, la ley faculta a los servidores públicos y contratistas para que puedan hacer campaña por algunas de las opciones.

¿Qué decir frente a los mitos como que los promotores recibirán dinero por votos o que, aunque suene disparatado, Colombia se convertiría en Venezuela?

Hay mitos como que a las personas promotoras se les va a pagar 5.000 pesos por cada voto, pero eso es mentira porque esta campaña se realiza con los recursos de los ciudadanos. En cuanto al mito de Venezuela, hay que decir que acá reinó la campaña del miedo en las elecciones presidenciales, y se evidenció que les funcionó. Pero con la Consulta se busca es lo contrario, que con los 27 billones de pesos que se mantendrán en las arcas del Estado, evitemos que nos volvamos como Venezuela con mejores condiciones sociales.

¿Quienes, en realidad, tendrían una reducción del salario?

El Presidente de la república, como jefe del Estado y a través de una decreto, puede presentar cuál es el salario de los congresistas, que hoy está en 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si el Presidente quiere que se le suba el salario, inmediatamente se sube el de los demás funcionarios.

Justamente, una de las preguntas que se va a establecer mediante acto legislativo estatutario es que el salario no podrá superar los 25 salarios mínimos legales vigentes. Es un mito que de ahí se vayan a bajar los salarios de todos los colombianos, solamente se le van a bajar a congresistas y los altos funcionarios como directores de departamentos a nivel nacional, el Defensor del Pueblo, el Registrador Nacional, el Procurador General, gobernadores y alcaldes de primera categoría.

A pesar de ser una iniciativa ampliamente aceptada, hay voces en contra de algunos puntos...

Escuchamos en una entrevista al presidente Senado, Ernesto Macías, diciendo que no estaba de acuerdo con la reducción del salario, porque el congresista es una de las personas que más gasta dinero en su trabajo. La MOE, en doce años, a visto que la mayoría de congresistas no representan los intereses del pueblo y les asusta este mecanismo porque les está poniendo límites.

¿En Ibagué habrá traslados de puestos de votación?

Se trasladó el puesto de votación del colegio José Joaquín Flórez, ubicado sobre la vía nacional en el sector de Picaleña, para el salón comunal del barrio San Martín, debido a que se adelantan las obras de infraestructura de la Jornada Única por parte de la Alcaldía.

Frente a los decretos, hay algunas alcaldías que no los han expedido. Celebramos que la Alcaldía de Ibagué ya lo haya hecho, aunque le cogió mucho la tarde, a escasos diez días de las elecciones. Este decreto dice que habrá publicidad en toda la ciudad y no existirá restricción en el centro de la ciudad, uno de los sectores de mayor afluencias. También se establece que la ley seca iniciará el sábado a las 6 de la tarde.

Punto cuatro: Presupuestos públicos con

participación ciudadana

 ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?

Según explican sus promotores, este punto elimina la llamada ‘mermelada’, el monopolio que tienen los políticos de desglosar y priorizar el presupuesto de inversión a puerta cerrada con los ministros, alcaldes y gobernadores, sin ninguna participación de la ciudadanía.

La Consulta obligará al Gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones a realizar audiencias públicas con los medios de comunicación, organizaciones sociales y la ciudadanía para que se debata públicamente en qué se invertirán los impuestos que pagan los ciudadanos y qué proyectos se priorizan para ejecutar.

“Esto permitirá no solo mayor participación y transparencia, sino que podremos saber qué inversión pidió un político, para hacer qué y en dónde, de manera tal que se pueda vigilar si eso sí se hace o se pierde por el camino y el político tenga que responder por ello”, indican.

¿Cuáles son los siete mandatos?

 1. Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios.

2. Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado.

3. Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura).

4. Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas.

5. Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas.

6. Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguir su dominio.

7. No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.