El informe que detalla los hechos ocurridos durante y después de la toma guerrillera en Roncesvalles en julio de 2000, que fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en octubre del año pasado, será valorado por la Sala de Reconocimiento de la Verdad de este tribunal.

El informe, elaborado por la Corporación Fuerza de Paz (Corfupaz) junto a un grupo de defensores de derechos humanos, en cabeza de Nubia Russi; documenta los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, especialmente el accionar de la extinta guerrilla de las Farc.

De hecho, con este documento se pretende demostrar la responsabilidad penal, disciplinaria y moral de la cúpula de la desaparecida guerrilla en contra de la población de Roncesvalles, cuya vida se “fragmentó en dos” luego de esta toma registrada a principio de siglo.

De acuerdo con Russi, el 90 por ciento de los hechos no han sido esclarecidos: 56 homicidios de civiles, 19 desaparecidos, 13 niños reclutados y cuatro fosas comunes hacen parte del doloroso historial que ahora deberá ser priorizado en la acción judicial de la JEP.

“Los daños son incalculables. La principal exigencia al Tribunal es que el pueblo sea reconocido como sujeto de reparación colectiva, que los ex Farc ofrezcan disculpas genuinas, se comprometan a no repetir los hechos de violencia y reparen individual y colectivamente a cada uno de los sobrevivientes de Roncesvalles. De lo contrario, serán pasados a justicia ordinaria”, afirmó Russi.

Entre otras cosas, el informe resalta cómo, tras la toma, el municipio fue prácticamente abandonado por el Estado colombiano y pasó a ser cogobernado por las Farc. Según testimonios orales de las víctimas, recogidos en el documento, durante 36 meses estuvo presente la guerrilla cada dos semanas y la semana siguiente lo hacía el Ejército nacional.

“En estas épocas, registradas por la prensa regional, tres o cuatro funcionarios de la Administración municipal resistieron con valentía la presión del conflicto armado e hicieron una escasa presencia institucional en el territorio, pues los empleados de la Alcaldía ‘despachaban’ desde el edificio de la Gobernación en Ibagué”, se señala el informe.

Entre 1991 y 2011 se registraron nueve tomas guerrilleras en esta población, pero, sin duda, fue la del 14 de julio de 2000 la más violenta perpetrada por las Farc. “Dejó en la memoria colectiva, daños morales irreparables y una estigmatización constante, dolorosa y difícil de superar, tanto en lo individual, como en lo colectivo”, se detalla en la presentación.

Por efecto del conflicto y huyéndole al reclutamiento, la población buscó oportunidades en otros municipios y descendió el número de habitantes en Roncesvalles.

Según el informe, a inicio de siglo nacían nueve niños por cada 500 habitantes, pero había decrecido un 14 por ciento en 2004 por el desplazamiento masivo.

Este es el primer informe que se entrega ante la JEP de una toma guerrillera ocurrida en el Tolima.

El segundo, que será presentado por la Alcaldía de Ibagué en febrero próximo, da cuenta de la masacre ocurrida en el corregimiento San Juan de la China el 31 de diciembre de 1993.

La Sala de Reconocimiento de la Verdad analizará y contrastará los informes, buscando priorizar los hechos más graves y representativos, así como en los máximos responsables, debido a la multiplicidad de hechos cometidos en el marco de un conflicto.

“El informe presentado por ustedes se incorporará al universo de información disponible para la Sala, que permite realizar actividades de agrupación, concentración y priorización, de modo que se pueda dar respuesta efectiva a las necesidades de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas”, indica la constancia de la recepción del informe.