En la audiencia pública, presidida por el magistrado tolimense Luis Guillermo Pérez Casas, los ciudadanos que presentaron las solicitudes de revocatoria de inscripción expusieron sus pretensiones, mientras que el abogado del candidato intervino para desvirtuar las acusaciones.

En total, en contra de la candidatura de Orozco Valero fueron interpuestas tres denuncias: 1) por haber sido destituido de la Policía. 2) por haber fungido como gobernador encargado. 3) por haber sido condenado por el delito de tentativa de homicidio.

El periodista Andrés Restrepo Falla, quien fuera asesor del difunto exsenador Juan Mario Laserna, interpuso las dos primeras de las solicitudes de revocatoria y fue el primero en hablar. En su intervención ratificó todas las acusaciones.

Luego se pronunció el abogado defensor Camilo Rojas, quien hace parte del bufete del expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz. Para el jurista, ninguna de las solicitudes van a prosperar y tendrán que ser archivadas porque no tienen acervo probatorio ni justificación jurídica.

Sobre las demandas, Rojas aseguró que no existe inhabilidad por haber sido separado de la Policía dado que no se trató de una exclusión, una sanción que aplica solo para cierto tipo de profesiones liberales. Frente a la segunda, consideró que si bien ejerció en varios momento como gobernador encargado, la incompatibilidad aplica para quien ejerce actualmente el cargo y no a quien aspira a esa posición.

Finalmente, sobre la tercera de las demandas, Rojas dijo que aunque el candidato estuvo condenado, esta sentencia ya no existe porque el Tribunal Superior de Pasto ordenó a un juzgado dictar una nueva sentencia. Para cuando se falló, ya había prescrito la acción penal.

“Lo que hubo fue una audiencia de trámite donde el magistrado ponente escucha a quienes intervienen, pero finalmente la decisión la adoptará el Consejo Nacional Electoral. No está definida una inhabilidad por parte del candidato, por lo cual su inscripción tendrá que ser ratificada y su candidatura en firme”, dijo Rojas.

El magistrado Pérez Casas, natural de Líbano, fue elegido por la oposición política e incluso es cercano al senador Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición en el Congreso y referente de la izquierda colombiana.

Vale mencionar que el CNE se declaró en sesión permanente, porque debe definir antes del 25 de octubre las demandas que hay contra más de 200 candidatos a diferentes cargos que aspiran en las elecciones.