Entre las modificaciones que se le hicieron al texto se incluyó que no todos los empleados públicos deberán publicar su declaración de bienes, rentas e ingresos, solo aquellos que administren, gestionen recursos públicos u ocupen cargos de elección popular.
De igual forma, quienes contraten o ejecuten recursos públicos están obligados a publicar información directamente relacionada con el desempeño de su función.
En el texto se incluyó que la publicación de la declaración de bienes y renta, así como los registros de conflicto de interés, deberán ser actualizados anualmente.
El proyecto hacía parte de las iniciativas que se originaron en la Consulta Anticorrupción y que se pactaron con las distintas fuerzas políticas y el Gobierno.
El proyecto aprobado por el Senado deberá ser sancionado por el presidente Iván Duque para convertirse en ley de la República.
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