En concreto, la Procuraduría Provincial de Girardot imputó dos cargos al exmandatario. El primero está relacionado con un posible incremento injustificado de su patrimonio, durante el periodo que gobernó la llamada ‘Ciudad de las piscinas’, por un valor de $234.2 millones.

En el segundo cargo, el Ministerio Público le cuestionó al exalcalde el que, al parecer, interviniera de manera irregular en la suscripción y ejecución del contrato de obra pública 320 del 14 de abril de 2015, que tenía por objeto la construcción del Coliseo Parque Las Vegas; la construcción de la cubierta y la adecuación de los polideportivos de los barrios La Florida e Icacal, por valor un poco más de $15 mil millones ya que al parecer se habrían presentado sobrecostos que pudieron causar un detrimento patrimonial de $1.628 millones.

Para el ente de control, habría vulnerado los principios que rigen la función pública, al supuestamente omitir la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa que debe estar dirigida al servicio de los intereses de la comunidad, y al parecer no habría garantizado la transparencia, economía, eficacia y celeridad que debe tener la contratación pública.

La primera falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo y la segunda como gravísima a título de culpa gravísima.

En enero pasado, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad de 15 años, por irregularidades en la celebración de un contrato en detrimento del patrimonio público.