En una respuesta la Unidad para las Víctimas dijo que “desde el inicio del actual Gobierno ha hecho públicas las dificultades presupuestales para atender y reparar a todas las víctimas y sobre los retrasos en el pago de la indemnización administrativa, que es apenas uno de los componentes de la reparación integral”.

Al respecto, la Contraloría encontró retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Precisa además el organismo de control que “los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?”.

Frente al tema, la Unidad Nacional de Víctimas precisó que “los hallazgos de la Comisión Auditora de la Contraloría General corresponde a la auditoría regular de cumplimiento a la vigencia 2018, que realiza el ente de control. La Unidad atenderá los requerimientos de la Contraloría y cumplirá con los lineamientos que el proceso regula y ordena”.