Tolima no salió bien librado en las investigaciones que adelantan las entidades de control por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados para atender la pandemia. En rueda de prensa conjunta, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría anunciaron nuevas acciones que comprometen a funcionarios de la Gobernación y dos alcaldías.

La suspensión provisional por tres meses de la secretaria de Salud del Tolima, Alexandra Márquez, y la imputación de los alcaldes de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, y de Palocabildo, Nelson Gómez, son los hechos más contundentes en el Tolima dentro del paquete de acciones revelado ayer por el denominado bloque anticorrupción.

También destaca la investigación al gobernador Ricardo Orozco y 11 funcionarios de la Administración, entre ellos, varios secretarios de despacho, por presuntas anomalías en varios de los contratos suscritos para atender la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19 en el departamento.

El fiscal general Francisco Barbosa, el procurador general Fernando Carrillo, y el contralor general Carlos Felipe Córdoba, aseguraron que estas son solo algunas de las sanciones que se han tomado como resultado de las investigaciones, pero advirtieron que en las próximas semanas darán a conocer nuevas decisiones para proteger los recursos públicos.

Fiscalía: imputación y solicitud de medida de aseguramiento para dos alcaldes

Como parte de las acciones investigativas, la Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. En la lista figuran dos mandatarios del Tolima.

Por un lado, el alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, es investigado por el contrato 096 de 25 de marzo de 2020 que suscribió por $24.5 millones con Servicios Integrales Ingeniería S.A.S., para la compra de productos de aseo. Hay indicios de supuestas inconsistencias en los estudios previos, cotizaciones falsas y sobrecostos, entre otras presuntas violaciones a los principios de contratación estatal.

Así mismo, por estos mismos hechos, se harán imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra el secretario General y de Gobierno, Luis Enrique Polo, y los contratistas Carlos Fernando Tovar Perea y Edward Fernando Hernández Oliveros.

De otra parte, fueron capturados el alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez, y su secretario de Gobierno, José Manuel Troncoso, por las presuntas anomalías en el contrato que celebró por $72 millones con la Fundación PM2, para realizar el acompañamiento a la aplicación de los planes de acción en contra de la pandemia.

Por este mismo caso, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional del mandatario. La entidad actuó en razón a denuncias de la exsecretaria de Salud, Victoria Suárez, quien aseguró que pese a su negativa de aceptar ser la supervisora del contrato, en el Secop apareció publicado el 21 de abril un documento de fecha 1 de abril en el que figura que el original fue firmado por ella, hecho que la exfuncionaria niega. Además, para la supuesta fecha de la firma del contrato, este no contaba con disponibilidad presupuestal.

Procuraduría: suspensión a Secretaria de Salud e investigación al gobernador

Por supuestos sobrecostos y desatenciones a los principios de la contratación pública y la función administrativa, el Ministerio Público ordenó la suspensión provisional por tres meses de la secretaria de Salud del Tolima, Alexandra Márquez, ordenadora del gasto y representante legal delegada para la contratación del Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento de Tolima.

Además, abrió investigación al gobernador Ricardo Orozco y a otros 11 funcionarios del Departamento, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones, para atender la emergencia.

La decisión cobija a los secretarios General y de Apoyo a la Gestión, Santiago Barreto Triana; de Inclusión Social, Jorge Bolívar; de Ambiente y Gestión del Riesgo, Fredy Torres, y del Interior, Alexánder Tovar, en sus calidades de miembros indelegables del comité de administración del mencionado Fondo y ante supuestas irregularidades en el control y vigilancia del objetivo de este. 

Finalmente, la Procuraduría solicitó al Gobernador la suspensión de la ejecución del contrato suscrito con León Gráficas, para adelantar durante la emergencia sanitaria un plan de medios y comunicaciones por un valor de  $1.020 millones.

Contraloría: indagación por presuntos sobrecostos en mercados

La entidad abrió indagación por supuestos sobrecostos del 28% en el contrato No. 0494 del 26 de marzo de 2020, por valor de $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación y la empresa Sierra Pineda, que tiene por objeto el suministro de 55.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense.

El valor del componente de mercado de cada kit, de acuerdo con lo pagado en el contrato, ascendió a $69.798, y el valor del componente de aseo de cada kit a $30.202, para un total de $100.000 por cada kit, que, multiplicado por los 55.000 kits adquiridos, arroja el valor total del contrato objeto de cuestionamiento de $5.500.000.000.

Lo anterior contrasta con la verificación hecha del costo de cada elemento de los kits. Tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $4.309.321.500. Y restándole esta cifra al valor total del contrato se aprecia una diferencia de $1.190.678.500, lo cual supone un sobrecosto del 28% en el valor del contrato.

Además, la Contraloría indagó presuntos sobrecostos del 31% en el contrato No. 0531 del 01 de abril de 2020, por valor de $5.000 millones celebrado con Enred Group SAS, para adquirir 50.000 kits alimenticios y de elementos de aseo. Según la entidad, se evidenció ausencia de información sobre la entrega efectiva de los kits, así como de los beneficiarios.

En primer lugar, el valor del componente denominado kit alimenticio, de acuerdo con lo pagado en el contrato, ascendió a $77.189,64, y el valor del componente de aseo a $22.557,64, para un total de $99.747,28, que, multiplicado por los 50.000 kits adquiridos, arrojó el valor de $4.987.364.000, monto que difiere a la señalada en el contrato.

Adicionalmente, al contrastar los costos de cada elemento de los kits, se tiene un valor total por los kits de $3,802.406.667, y al restarle esta cifra al valor total del contrato se tiene una diferencia de $1.197.593.333, que supone un sobrecosto del 31% en el valor del contrato.

Dato: El contralor General, Carlos Felipe Córdoba, indicó que no se hallaron sobrecostos en los contratos celebrados por la Alcaldía de Ibagué durante la pandemia.