Los efectos políticos, tras decisión de la Corte

Crédito: ARCHIVO COLPRENSA - EL NUEVO DÍAEl país enfrenta un escenario mucho más polarizado por lo que significa Álvaro Uribe Vélez para muchos ciudadanos.
Se espera que en las próximas horas la Corte Suprema de Justicia comunique cuál será el alcance de su decisión con respecto a la investigación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
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La noticia de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento al expresidente y senador, Álvaro Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno, en el marco del proceso que adelanta en su contra, ha generado una tormenta política en el país.

La decisión, que había anticipado su partido en un duro comunicado de prensa hace algunos días, no ha parado de generar controversia desde los distintos sectores políticos, sin embargo, pese a que se trata de una medida preventiva, abre un hito en la historia reciente del país.

Para el analista político Jorge Iván Cuervo este es apenas el comienzo de un largo camino jurídico y político para el caso del expresidente Álvaro Uribe, debido a que no se sabe cuánto pueda tardarse el alto tribunal en tomar la decisión, mientras, agrega, las reacciones en favor y en contra no pararán.

En este sentido, Cuervo indica que a nivel político los sectores afines al expresidente Uribe cerrarán filas alrededor de él con el objetivo de defender su inocencia, utilizando los argumentos que han venido invocando desde hace mucho tiempo: “Que se está consolidando una persecución política disfrazada de fallos judiciales”.

De hecho, en el comunicado de prensa que publicó su partido antes de la decisión se señaló en relación al senador que: “Distintos elementos asociados a la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar (en la percepción pública) la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable. Haber cumplido respetuosamente los llamados que le ha hecho la justicia es la mayor prueba de su talante democrático”.

De igual forma, Cuervo advierte que el sentimiento de inconformidad se seguirá produciendo en los distintos sectores tanto uribistas como no uribistas, pero que, paradójicamente, le puede servir al Gobierno del presidente Iván Duque Márquez porque queda también como una supuesta víctima de esa persecución política que se ha venido invocando desde los sectores afines al expresidente Uribe.

 

Polarización política

Mauricio Jaramillo, experto en política, añade que lo que se va a ir presentando es una polarización mucho más profunda a nivel político, pero, para el caso de los uribistas, enfilada en contra de la justicia, y por el lado de los antiuribistas, encaminada a la defensa de la institucionalidad.

Sin embargo, en relación a las consecuencias que esta decisión trae para el Gobierno del presidente Iván Duque, Jaramillo indica que es un golpe a la legitimidad del presidente porque él llegó al poder con el aval de Uribe y del Centro Democrático. “Es un proceso que  va a ser largo, que va a ser complicado, que abre una nueva brecha en la historia política de Colombia y, tal vez,  el proceso judicial más importante en el último tiempo”, dice.

Jaramillo argumenta que lo de Uribe se suma a una serie de golpes que han venido debilitando la credibilidad del Gobierno del presidente Iván Duque, como el hecho de que el hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez haya sido condenado por narcotráfico o el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’.

Pero, sin duda, manifiesta Jaramillo, sale a relucir, otra vez, la vieja disputa sobre la firma del acuerdo de paz con las Farc, debido a que uno de los argumentos de los uribistas es que los antiguos excombatientes tienen que pagar por los delitos que cometieron durante los años que estuvieron en la ilegalidad.

En uno de los apartes del comunicado del Centro Democrático se señala que: “Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la Nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”.

Pero para Jaramillo retomar el tema  de las Farc en este sentido termina siendo algo retórico, en el sentido de que los miembros de esta antigua guerrilla surtieron un proceso de paz que fue público, pese a que ha habido algunos inconvenientes con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los grupos disidentes.

 

Presidentes objeto de procesos judiciales

Juicio político a Rojas Pinilla

En 1958, el primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, le hizo un juicio político al general Gustavo Rojas Pinilla.

Por ello el exmandatario regresó al país el 11 de octubre de 1958​ y el 16 de octubre fue obligado a presentarse ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, pues había solicitado que su juicio lo hiciera la Corte Suprema de Justicia, un tribunal especial o una corte marcial y se negó a responder al interrogatorio.

Ante rumores de un complot, el gobierno ordenó el arresto de Rojas Pinilla el 3 de diciembre de 1957, declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional.

El juicio continuó, el 15 de diciembre el Senado dictó auto de detención preventiva contra el general, así como el embargo de sus bienes.

El presidente levantó el estado de sitio el 13 de enero de 1959 y luego, el 20 de enero, Rojas Pinilla fue traído en secreto, desde Galerazamba a Bogotá.

Los defensores del general fueron Daniel Valois Arce y Jesús Estrada Monsalve. El veredicto del Congreso Nacional, del 18 de marzo de 1959, fue condenatorio contra el general Rojas; sin embargo, siete años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca le devolvió sus derechos políticos el 20 de diciembre de 1966 y un año después, la Corte Suprema de Justicia confirmó este acto judicial, el 18 de octubre de 1967.

Samper y el proceso 8.000

El martes 27 de febrero de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente el congresista Heyne Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el presidente Ernesto Samper (1994-1998) en una acción sin precedentes en la historia de Colombia. Los 15 miembros de la comisión, después de evaluar las pruebas aportadas por el fiscal Alfonso Valdivieso, entre ellas un video de Pablo Escobar en el que reconoce haber entregado dinero a Ernesto Samper en la campaña de 1982 y una cinta magnetofónica de la testigo ‘María’, quien iba a ser presentada por el senador Jesse Helms ante el congreso de los Estados Unidos, consideraron que había méritos para abrir una investigación penal contra el hoy expresidente Samper.

Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el 6 de julio de 1996 Samper fue liberado por la Cámara gracias a la astuta defensa del ministro del Interior Horacio Serpa, quien logró convencer a la bancada liberal (el mismo partido del presidente) para que actuara a su favor. Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. No fue declarado ni culpable, ni inocente, el proceso fue precluido.

 

Destacado

 El expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, es una figura que ha marcado la vida política del país en este siglo. Dejó la Presidencia con una inédita popularidad del 75%.

 

Destacado

A la cabeza de una lista cerrada de su partido, Uribe fue elegido senador en 2014 con una votación histórica y repitió en 2018. Además, lideró la campaña por el “No” en el plebiscito del Acuerdo de Paz.

 

Dato

La oposición jugará un papel importante en el escenario político debido a que el proceso  contra Uribe tiene relación con el senador Iván Cepeda, uno de  los líderes más importantes del Polo Democrático 

 

Cifra

5 magistrados que llevan el caso contra el expresidente Uribe tomaron la decisión de forma unánime.

COLPRENSA Y REDACCIÓN BOGOTÁ

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