Todo se originó a raíz de un derecho de petición que presentó en octubre de 2016 el asambleísta del Centro Democrático para conocer los flujos de caja, estados de renta y gastos, ejecuciones presupuestales de los últimos cinco años, entre otras cosas. Al no recibir respuesta, Restrepo instauró una acción de tutela en el juzgado 11 administrativo de Ibagué en la que pidió compulsar copias ante el Ministerio Público.

Ante el incumplimiento de la sentencia de tutela, Restrepo interpuso un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual ratificó la obligación que le asiste al funcionario de responder la petición.

En octubre de 2018, cuando trascendió la investigación en la Procuraduría, Fernández afirmó que entregó la información completa de forma digital a través de correo certificado y por fuera de los límites del tiempo debido a que la búsqueda fue compleja, teniendo en cuenta que eran nueve puntos que se remontaban varios años atrás.

Conocida la decisión de primera instancia, el rector indicó que interpondrá recurso de apelación ante la  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa. “El Conservatorio acata todas las disposiciones y la normatividad que hace parte de todo su funcionamiento. Estamos en derecho a apelar, todo ciudadano en Colombia tiene derecho a una segunda instancia y en ese sentido será la delegada administrativa frente al pronunciamiento”, dijo.

Y agregó: “Más allá de que sea un diputado, cualquier ciudadano tiene derecho a la información y por desconcentración en este caso corresponde a nuestra Secretaría General allegar las informaciones que se requieren. En todo caso, lamentamos que las cosas vayan en ese sentido y estaremos dando los requerimientos para aclarar la situación”.