La Procuraduría Provincial de Girardot imputó tres cargos al mandatario. El primero está relacionado con un presunto detrimento patrimonial que se habría presentado en la suscripción y ejecución del Contrato 009 del 01 de abril de 2020, cuando al parecer se permitieron sobrecostos en la adquisición de los productos.

En un inicio, el negocio jurídico celebrado con la Corporación para Nuestra Colombia  tuvo como plazo de ejecución 10 días por $256.6 millones pero luego fue modificado para ser ejecutado en 30 días y una adición presupuestal de $128.3 millones, lo que generó un valor total de $348.9 millones.

Para el Ministerio Público, Tamayo Salas aparentemente no habría tenido en cuenta el principio de selección objetiva que rige la contratación estatal, ya que el contratista al parecer no contaba con los requisitos de experiencia e idoneidad, con lo que se podía haber desconocido la posibilidad de celebrar la adquisición de estos bienes a un menor precio.

En el segundo cargo, se le reprochó el que posiblemente permitiera una modificación de las condiciones del contrato y el que el gramaje de los productos se varió por el contratista.

Por último, de acuerdo con la investigación, se le cuestionó a Tamayo el que aparentemente no diera cumplimiento a su obligación constitucional y legal de dar publicidad al contrato.

Vale recordar que un informe de la Gerencia de la Contraloría General en el Tolima ya había evidenciado presuntos sobrecostos por $35.6 millones. La Administración de Tamayo adquirió cada mercado por $42.768, pero la entidad de control estableció posibles sobreprecios tras examinar cada uno de los 13 productos que compone el kit en el catálogo de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente.