la Fiscalía General de la Nación imputó a José Arlen Márquez Castaño, exgerente de la Gestora Urbana, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por las irregularidades detectadas en la etapa de trámite y celebración del contrato suscrito en 2014 para la construcción de 300 viviendas de interés social dentro del proyecto Portal de San Gabriel.

De acuerdo con la entidad, con base en los resultados de las  investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), bajo la coordinación de un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, se estableció que el entonces funcionario tramitó el proceso de selección-invitación pública 03 de 2014, que tenía la finalidad escoger al constructor del proyecto de viviendas.

Al parecer, derivado de ese trámite se celebró de manera irregular el contrato asociativo 018 del 31 de marzo de ese año, con la empresa Ávila Limitada, para la construcción del proyecto por un valor de $2.305 millones, que estuvo pensado para periodistas y servidores públicos de la Administración.

La Fiscalía presume que no se cumplieron las obligaciones por parte de la Gestora porque las obras de urbanismo no se ejecutaron y se evidenció que tampoco se realizó el respectivo estudio de títulos, el estudio urbanístico y el diagnóstico catastral del bien inmueble, el cual debía ser entregado en especie al socio gestor mediante fiducia inmobiliaria para el desarrollo del proyecto y su usufructo.

Márquez Castaño, quien ocupó la Gerencia durante el gobierno de Luis H. Rodríguez, no aceptó los cargos y deberá seguir compareciendo al proceso. Vale decir que no es único exfuncionario que ha enfrenta investigaciones por este contrato.

Un proyecto accidentado

En noviembre de 2018, la Gestora Urbana, ya en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, liquidó unilateralmente el contrato con la Constructora Ávila e impuso una multa de $175 millones.

En ese momento, la Gestora Urbana justificó el incumplimiento basado en el hecho que el contrato sufrió una parálisis injustificada desde el 6 de diciembre de 2016 y, de igual manera, en el predio no se encontraban ejecutadas todas las obras de urbanismo que comprendían el suministro de agua potable, alcantarillado, sanitario y fluvial, redes de gas, andenes, entre otros incumplimientos en el proyecto.

A través de un peritaje adelantado por la Secretaría de Infraestructura se estableció que a las obras alcanzadas a ejecutar costaron la suma $723 millones. Sin embargo, al contratista le fueron desembolsados $1.155 millones, que corresponderían a los recursos girados por la Gobernación para la entrega de 300 subsidios de vivienda a los potenciales beneficiarios.

DATO

Los recursos aportados entonces por la Gobernación (1’824.472.195) pertenecían a asignaciones directas del Sistema General de Regalías.