Aunque ha pasado más de un año desde que entró en vigencia, en Tolima hay 24 alcaldes que no han cumplido la ley 2013 de 2019, que obliga a altos funcionarios y contratistas del Estado a publicar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) sus declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés y del impuesto sobre la renta.

Aún así, Tolima es junto a Valle del Cauca, Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca uno de los departamentos donde se registra un alto nivel de cumplimiento de la norma por parte de los mandatarios locales.

Por otra parte, de acuerdo con el aplicativo de la Función Pública, el representante Ángel María Gaitán, del partido Liberal, es el único congresista del Tolima que no ha obedecido la ley, que busca fortalecer la transparencia y la publicidad de la administración pública.

Para el caso de la Asamblea, de los 15 diputados que integran la corporación, hay cinco que tampoco han cumplido: Felipe Ferro (Centro Democrático), Carlos Reyes (Partido Liberal), Marco Emilio Hincapié (Lista de Decentes), Alejandro Martínez (Partido Conservador) y Luis Fernando Lombo (Partido de la U).

El diputado Hincapié aparece dentro de los servidores públicos que tampoco han publicado la información, pero, según explicó, esto se debe a alguna complicación técnica en el Sigep que no permite visualizar que desde el 31 de julio de 2020 presentó sus declaraciones. El Asambleísta envió a esta redacción una captura de pantalla de su cuenta en el aplicativo que demuestra su versión, por lo que se comunicará con el Sigep para que la información cargada esté disponible para consulta ciudadana.

En el Concejo de Ibagué casi todos presentaron la información exigida durante el año anterior. El único cabildante que falta es William Santiago Molina, de Firme por Ibagué.

La presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la existencia de conflictos de interés, deberá ser actualizada cada año mientras exista la calidad de sujetos obligados. Esta información será requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo.

A nivel nacional, en lo que respecta a cargos de elección popular, el 100% de cumplimiento lo tienen el Presidente de la República y la Vicepresidenta de la República. En el Congreso, se cuenta con un 86% de cumplimiento de los senadores y un 77 % de los representantes a la Cámara.

Adicionalmente, han cumplido con la obligación el 59% de los gobernadores, el 54% de los diputados, el 31% de los alcaldes, el 24% de los concejales y el 2% de los ediles.

En el caso específico de los servidores elegidos por voto popular, la ley señala que deberán registrar, adicionalmente, los aportes recibidos en elecciones, de acuerdo con la información reportada al Consejo Nacional Electoral.

Los alcaldes incumplidos

Albeiro Trujillo (Alpujarra), Justiniano Chacón (Ambalema), Medardo Ortega (Armero-Guayabal), María Jineth Cifuentes (Casabianca), Evelio Caro (Coello), William Luna (Coyaima), Luis Gabriel Pérez (Cunday), Hugo Arce (Chaparral), Rafael Monroy (Guamo), Lucero Castaño (Falan), Yovanny Herrera (Flandes), Margoth Morales (Icononzo), Marco Ospina (Lérida), Agustín Galeano (Melgar), Antonio José García (Murillo), David Mauricio Andrade (Natagaima), Juan Carlos Castaño (Mariquita), Ómar Carrillo (Ortega), Nelson Gómez (Palocabildo), Jhon Jairo Hueje (Planadas), Elisabeth Barbosa (Rioblanco), Luis Jorge Rodríguez (Saldaña), Jorge Iván Vásquez (San Antonio) y Henry Lugo (Valle de San Juan).

Nuevo aplicativo

El Departamento Administrativo de la Función Pública mejoró la plataforma, permitiendo realizar búsquedas de información diferenciada por persona natural y por persona jurídica, y ver todos los reportes realizados por la persona consultada.

La entidad también mejoró la consulta de información por entidad para que sea más fácil de ver todos los reportes realizados por todos los servidores y contratistas de la entidad consultada. Otra mejora importante es que se podrá descargar la información en archivos de tipo base de datos que permiten procesar la información.

Vale resaltar que la Ley 2013 de 2019, también vincula a los directivos de entidades privadas que prestan una función pública como notarías, cámaras de comercio y curadurías, además de obligar a los servidores que ocupan cargos como ministros, secretarios Departamentales o Municipales, magistrados, directores de entidades nacionales y territoriales.

Nota: En un principio, el alcalde de Purificación, Cristhian Barragán, fue incluido por un error en este listado. El mandatario publicó sus declaraciones en febrero del 2020.