Usted recibió la Contraloría luego de la cuestionadísima administración de Edilberto Pava. Tras un año en el cargo, cuénteme, a modo de corto balance, ¿qué cambios implementó?

Sin desconocer el trabajo de las administraciones anteriores, hemos sacado la Contraloría del séptimo piso de la Gobernación para llevarla, día a día, a fiscalizar las 144 entidades sujetos de control que tenemos en los 46 municipios que son de nuestra competencia. Estamos haciendo una Contraloría participativa, dinámica y propensa al diálogo que, además, se está caracterizando por una gestión fiscalizadora objetiva, transparente y recta. El tecnicismo es el principal criterio para tomar las decisiones y no hemos permitido el manoseo de la entidad. Me ha tocado hacer jalones de oreja a varios auditores. Hemos puesto unas barreras para la rectitud y la transparencia. La Contraloría hizo un giro de 180 grados.

¿A qué situaciones en particular se refiere cuando dice que no ha permitido el manoseo?

No permitimos que exista ni siquiera una dádiva para el Contralor ni para sus funcionarios. No se puede permear el control fiscal de esa manera. Es un deber legal y constitucional hacer un control fiscal para proteger los recursos del departamento y contribuir a su progreso y desarrollo. El marco del control fiscal se había prestado mucho para situaciones de dádivas, pero hemos controlado eso colocando unos limitantes en la interacción con los sujetos de control. 

Cuando ha habido sospecha de dádiva a un auditor, directamente he hecho la gestión fiscal y he  apartado a algunos auditores para que haya transparencia y objetividad. Algunas veces nos han hecho ofrecimientos en el marco del control fiscal y mandan razones para que el Contralor tenga posibles situaciones de acercamiento, pero toda mi gestión fiscal, en lo que respecta a reuniones y citas, las hago en la Contraloría. Nunca verán al Contralor en un café o un lugar distinto al institucional.

¿A cuánto ascienden los hallazgos fiscales detectados en 2020, un año en el que surgieron muchas denuncias a raíz de la contratación de la pandemia?

Fue un año difícil, complicado y complejo. Tuvimos más de 240 denuncias que llegaron con la problemática del Covid-19 relacionadas con la inversión de los recursos para la adquisición de kits nutricionales, elementos de protección y mitigación de la pandemia. La permisibilidad que dio el Gobierno nacional para que se pudieran decretar urgencias manifiestas, trajo consigo unas circunstancias de negligencia administrativa: por ejemplo, mala utilización de leyes contractuales y falta de gestión administrativas para determinar los valores de los elementos y servicios adquiridos. Tuvimos más de $4.500 millones en solo hallazgos fiscales relacionados con las denuncias, pero fueron mas de $16.000 millones que abarcaron el control fiscal. Es una cifra récord para el departamento en menos de once meses.

¿Ya revisó la contratación del primer año del gobierno de Ricardo Orozco?

Recordemos que mi control es posterior y selectivo, mientras que el preventivo lo hace la Contraloría General. Este año vamos a determinar unas situaciones fiscales que van a ser auditadas. El año anterior hubo unas denuncias en atención a la pandemia, de las cuales varias se las llevó la Contraloría General por control preferente, para que ellos las tramiten y culminen las investigaciones  y determinen si existen o no hallazgos fiscales.

Para 2020 dejamos unos hallazgos fiscales con el tema de la pandemia por más de $100 millones por la omisión en el pago de estampillas. El Gobierno departamental solicitó la permisibilidad de la Contraloría para que los contratistas asuman el pago de las estampillas correspondientes buscando el resarcimiento con el fin de evitar el grado de responsabilidad. De ser así, generaría la culminación del proceso porque se devolvieron a las arcas del departamento esos recursos.

Ahora, para 2020 prevenimos $400 millones en auditorías exprés, porque se utilizaron las recomendaciones y siempre hemos sido enfáticos en que así como permitimos el diálogo también somos muy radicales en la toma de decisiones.

¿Considera que ha despejado las dudas de quienes aseguraron que usted iba a ser un contralor al servicio de un grupo político?

Las conductas de la Contraloría y el Contralor siempre han sido transparentes. La elección del grupo de trabajo se seleccionó con base en aspectos técnicamente determinados, experiencia y actividades que como contratistas, funcionarios e independientes han desarrollado y se podían ajustar a un rol para cada una de las direcciones que tenemos. La Contraloría ha demostrado una imparcialidad. Somos de puertas abiertas y no perseguidores de una conducta funcional. Hemos resguardado el patrimonio del departamento. Cuando hemos tenido que pronunciarnos en el caso de la Gobernación o municipios como Prado, Ataco, Cajamarca o Chaparral, donde hemos tomado decisiones. Acá no se trata de politizar la Contraloría sino, todo lo contrario, de tener imparcialidad.

El aspecto diferencial

Andrés García, concejal de Icononzo, aseguró que usted no le ha prestado atención a varias denuncias sobre presuntas irregularidades en ese municipio y que convenientemente ha preferido no actuar. ¿Qué le responde?

Un hecho que va en contravía de lo que dice el concejal es que, ante las denuncias, establecimos hallazgos por más de $230 millones por unos recursos invertidos en 2020 para las fiestas locales, donde el proceso ya está en grado de responsabilidad, buscando el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Entendamos que llegaron más de 240 denuncias en menos de seis meses por la pandemia para tres auditores que, con esfuerzo, las sacaron todas adelante.

No hemos sido negligentes por parte de las investigaciones correspondientes porque toda denuncia que ha llegado ha mostrado resultados, pero también debemos entender que hay unos trámites procesales que tampoco pueden ser desconocidos por la Contraloría. Una persona que este siendo denunciada, también tiene derecho a un debido proceso y controversia.

¿Qué proceso tienen previstos auditar este año?

Este año cambia el control fiscal. Vamos a implementar la nueva guía de auditoría territorial, donde pasamos de casi diez tipos de auditorías a solo tres. Para escoger los municipios de impacto que van a ser auditados y serán publicados en estos días en el Plan de Vigilancia Fiscal, cogimos la matriz de riesgo. El Contralor no ha escogido a dedo, para eso hay unos parámetros y plataformas.

Vamos a seguir vigilando los empréstitos, porque ha sido una contratación irregular en el momento de la inversión de los recursos que vienen emanados de la deuda pública. Nos hemos encontrado endeudamientos superiores a los permitidos por la ley, pignoración indebida y negligencias de los concejos que los autorizan.

Su periodo concluye este año. ¿Cuál se podría decir que va a ser su legado en la Contraloría?

Hemos aprovechado las herramientas para hacer un giro de 180 grados, dejando unas estructuras muy sólidas en la Contraloría y que, independientemente de quien dirija la entidad, se mantenga la misma finalidad: salvaguardar los recursos del departamento.

Nosotros hemos querido mostrar una cara distinta de la Contraloría desde el aspecto participativo, recibiendo las críticas constructivas de diputados, veedores y activistas para integrarlas a nuestro plan de acción y eso se logra con honestidad, la cual no puede ser un adjetivo sino un deber de los funcionarios públicos como el Contralor departamental y, en general, de cada ciudadano. No quiero exaltarme, pero creo que hemos recuperado la confianza, porque las conductas han sido bajo el marco de la honestidad.