De acuerdo con el congresista, sus derechos fundamentales al debido proceso, la libertad de opinión y la participación política están siendo vulnerados al haberse admitido la demanda de Martínez, a quien el senador ha señalado en varios debates de actuar con permisividad en el caso de corrupción de Odebrecht.

“La Sala de Instrucción Penal ha desconocido los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que indican que los votos y opiniones de los senadores en desarrollo de sus facultades son inviolables y no pueden ser objeto de persecución judicial”, dijo Robledo.  

Agregó que la inviolabilidad incluso se extiende a actuaciones ocurridas por fuera del recinto del Congreso, tales como medios de comunicación y redes sociales, espacios en los que el senador ha amplificado las denuncias en contra de Martínez Neira, a quien ha denominado “el rey del tapen-tapen” en el mencionado caso de corrupción.

Robledo ratificó que confía en que el conjunto de la Corte Suprema de Justicia reproche las actuaciones de la Sala Especial de Instrucción, proteja sus derechos y “la democracia al impedir que Martínez silencie a los congresistas que denuncian la corrupción”.