La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó cargos al exalcalde de Prado,  Álvaro González Murillo, presuntamente implicado en irregularidades en la celebración de 17 convenios suscritos con una empresa creada, según el ente acusador, con el único fin de obtener dinero de manera ilícita, dinero del municipio. 

Al proceso también fueron vinculados: Diana Carolina Romero Yara, exsecretaria de Desarrollo Social; Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del mandatario; Sindy Lorena Lozano Cabezas, esposa del primo y supuesta fundadora de la asociación contratante; y Gladys Lucía Cabezas Leonel, su suegra. 

Los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y heterogéneo. 

Los hechos investigados ocurrieron en el año 2016 cuando fueron celebrados numerosos convenios con la Asociación Danylor Logrando Renovación para Colombia. El objetivo era la realización de actividades lúdicas, brigadas de salud, actividades deportivas de diferentes colegios, alimentación escolar, atención de transporte y fiestas folclóricas del arroz, entre otros fines. 

El valor de los contratos celebrados entre el 15 de julio y el 21 de diciembre de 2016, ascendió a 414’459.324 de pesos, de los cuales el municipio de Prado transfirió a la asociación contratante 398’659.324 de pesos. 

La entidad sin ánimo de lucro, como cooperante tenía que aportar 15’800.000, los cuales no fueron entregados esto, al parecer, mediante maniobras engañosas con las que habría simulado el pago. 

Modus operandi

El burgomaestre al momento de asumir el cargo creó, al parecer, la referida empresa con su primo Murillo Cupitra; todo con el fin de darles contratos a él y a sus parientes. Así, se incurrió en manejos amañados a los recursos públicos a través de contratos bajo la figura de convenios. 

Se investiga, igualmente, la existencia de otra empresa creada bajo las mismas condiciones y con los mismos fines ilícitos. 

Ninguno de los implicados aceptó los cargos. La próxima audiencia será de preparatoria de juicio, esto en cumplimiento del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, en su lucha contra la corrupción en las administraciones públicas.