La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió ayer en Ibagué el informe ‘Más que estadísticas’, sobre ejecuciones extrajudiciales en el Tolima, que documenta el asesinato de civiles presentados como muertos en combate entre los años 2000 y 2015.

El estudio, elaborado por la Universidad del Tolima, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, también fue entregado a los familiares de las víctimas de los crímenes.

A partir de 60 casos con 86 víctimas, se identificaron tres modalidades: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates simulados entre tropas del Ejército y grupos armados ilegales; ejecuciones extrajudiciales de civiles que, aun cuando no fueron presentados como bajas en combate o no se cuenta con esta información, le son atribuibles al Ejército, y asesinatos perpetrados conjuntamente entre soldados y grupos paramilitares.

Estos hechos comprometen la presunta responsabilidad de al menos nueve comandantes de la Quinta División, así como la participación directa de personal jerárquico de los batallones Nro. 18 Jaime Rooke, de contraguerrillas Nro. 6 Pijaos, el Nro. 16 Patriotas y el Nro. 17 General Caicedo, así como la Brigada Móvil Nro. 8.

El informe documenta estos crímenes agrupándolos en dos periodos: uno comprendido entre 2000 y 2006, cuando se presentaron 20 casos con 32 víctimas, y el otro entre 2006 y 2013, con 31 casos y 51 víctimas. 

“En ambos lapsos se identificaron patrones que llevan a demostrar la existencia de un aparato criminal dentro de la Quinta División del Ejército Nacional, la Sexta Brigada y varias de sus unidades, así como el traslado de esta misma práctica a otras divisiones; lo que permite concluir que la sistematicidad y generalidad de este accionar criminal obedeció a una política dirigida desde el alto mando militar, como también se ha ido documentando en otros informes presentados por las organizaciones de derechos humanos a la JEP”, señaló Cajar.

El informe busca que la JEP seleccione y priorice esta región dentro del macrocaso 03 debido a que la masividad de esta práctica no finalizó en los casos documentos en el informe, y, además, Tolima ocupa el sexto lugar con más eventos de asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate, según el auto 033 de 2021 de la JEP.

También que la Fiscalía avance con las investigaciones del conjunto de hechos documentados, y que se reivindique el buen nombre de las víctimas. Igualmente, que se impulsen las reformas institucionales y de depuración de la fuerza pública para que hechos como estos jamás se repitan. 

Primer periodo

Respecto a la fase de planeación, el informe documentó en el primer periodo, comprendido entre 2000 y 2006, que las víctimas eran personas en condición socioeconómica vulnerable, habitantes de zonas rurales o lugares apartados. Algunas fueron señaladas de colaborar con grupos armados ilegales con base en información obtenida de fuentes anónimas o no verificadas. 

Incluso, una decisión judicial puso de presente la existencia dentro de la Sexta Brigada de redes de informantes con márgenes arbitrarios de actuación y denuncia. De este modo, cuatro de las víctimas, integrantes del Sindicato Agrícola de Trabajadores del Tolima (Sintragritol),fueron catalogadas como parte del ‘enemigo interno’. En el caso de 25 de las víctimas, estas fueron abordadas por parte de las tropas del Ejército y sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos, solo por señalamientos de terceros. 

En cuanto a fase de ejecución de los crímenes, hubo una simulación de combate y al menos a la mitad de las víctimas les fue implantado armamento o material de guerra, (en todos los casos el resultado de la prueba de absorción atómica -que comprobaría la manipulación del arma-, fue negativo). En el caso de ocho víctimas, el informe señaló que se logró corroborar que la trayectoria de las balas no coincidía con la descripción.

En relación con el encubrimiento, cinco de las víctimas fueron desaparecidas antes de la ejecución extrajudicial y siete fueron presentadas como Personas No Identificadas (PNI). Dos víctimas fueron inhumadas en fosas comunes. Igualmente, se alteraron documentos relacionados con la operación, hubo declaraciones de militares negando o legitimando la práctica, e inconsistencias en sus testimonios ante la justicia.

Segundo periodo

Para el segundo periodo, comprendido entre 2006 y 2013, el informe revela que en la fase de planeación se incorporó la práctica de los reclutadores civiles, entre ellos, se destaca Luis Jhon Castro Ramírez alias ‘El Zarco’, capturado en España y extraditado al país recientemente, quien asegura haber actuado en varios de estos hechos criminales bajo las órdenes del Ejército y, de hecho, es investigado por la comisión de algunos de estos hechos. 

El informe expone también cómo 22 de las víctimas fueron señaladas por desmovilizados o vecinos, y cinco de ellas fueron asesinadas por su rol de liderazgo social, mientras que las restantes habían sido señaladas de colaborar con la guerrilla o pertenecer a grupos ilegales. En este periodo, 16 de las víctimas fueron sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos.

En la fase de ejecución, entre 2006 y 2013, 43 de las 51 víctimas fueron presentadas como supuestos integrantes de las Farc-EP o de bandas criminales al margen de la ley. En el caso de 11 víctimas, los impactos de bala no coinciden con la descripción del combate, y a 19 víctimas les fue implantado armamento o material de guerra. En total, 24 de las 51 víctimas fueron presentadas por los comandantes con amplio despliegue mediático como operaciones ‘exitosas’. 

También se presentaron prácticas como el cambio de prendas civiles por uniformes camuflados, el traslado de los cuerpos a lugares distintos a los de los hechos y el levantamiento de cadáveres por personal militar.

Luego, en la fase de encubrimiento, también en este mismo periodo, las organizaciones encontraron declaraciones de integrantes del Ejército que legitimaban o negaban la práctica, así como inconsistencias en sus declaraciones ante la justicia. 

Igualmente, identificaron la obstaculización de las investigaciones, así como un estado de impunidad generalizada: solo en siete de los 60 casos documentados en el informe ha habido sentencia condenatoria y sobre el resto no hay información sobre el estado de las investigaciones.

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