Cinco congresistas del Tolima apoyaron suspensión de ley de garantías

El senador Miguel Ángel Barreto y los representantes Ricardo Ferro, José Élver Hernández, Jaime Armando Yepes y Aquileo Medina.
Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍA.El senador Miguel Ángel Barreto y los representantes Aquileo Medina, Jaime Armando Yepes, José Élver Hernández y Ricardo Ferro.
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Bajo el argumento de impulsar la reactivación económica y la generación de empleo, el senador Miguel Barreto y los representantes Ricardo Ferro, José Élver Hernández, Jaime Yepes y Aquileo Medina apoyaron una polémica reforma sobre la cual se anuncian demandas.
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El senador Miguel Ángel Barreto y los representantes Ricardo Ferro, José Élver Hernández, Jaime Armando Yepes y Aquileo Medina votaron una controvertida reforma, incluida en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, que suspende la ley de garantías. 

Esa modificación, promovida por el Gobierno nacional y adoptada a través del artículo 125 en el mencionado proyecto, permitirá que los regionales puedan suscribir convenios interadministrativos para que puedan continuar con las obras durante los meses en los que se desarrollen las elecciones. 

Aunque la norma aprobada establece que los convenios que se suscriban serán objeto de control especial de la Contraloría General, muchos sectores mostraron su inconformismo, no solo porque sería inconstitucional, como lo sostiene el exmagistrado José Gregorio Hernández, sino porque le abre la puerta a que la contratación estatal se use con intereses electorales, como lo afirman sectores de oposición. 

En todo caso, la mayoría de los congresistas del Tolima respaldaron la pretensión del Ministerio de Hacienda. Al ser consultado, el representante Ferro dijo que apoyó la iniciativa porque la ley de garantías supondría un frenazo a las inversiones que vienen adelantando las entidades territoriales luego de las restricciones propias de la pandemia y sus afectaciones económicas. 

“Apoyé la ley pensando en la necesidad que tenía el Gobierno nacional de poder terminar sus ejecutorias”, comentó Ferro, quien espera que los mandatarios no abusen de la norma y actúen con pulcritud publicando previamente los procesos de selección ante el Secop y contratando bajo los pliegos tipo establecidos. 

“Le quiero pedir a los mandatarios que hagan buen uso de la ley de garantías. Si bien esta modificación les va a permitir celebrar convenios con el Gobierno nacional, eso no significa que ellos puedan ejecutar esos recursos directamente, sino que deben hacerlo a través de licitaciones públicas de manera transparente, de manera que esos recursos no terminen politiqueando”, afirmó. 

En el mismo sentido, el representante Hernández dijo que el sector público está llamado a recuperar la economía del país y de las regiones luego de dos años en los que hubo medidas restrictivas, los mandatarios hicieron grandes esfuerzos por cuidar la salud de los ciudadanos, no llegaron las inversiones a los territorios y las tasas de desempleo crecieron, sobre todo en Ibagué, que tiene una posición estelar. 

“¿Si la inversión no llega cómo dinamizamos la economía de las regiones? Qué confianza le damos al sector privado y a nuestros ciudadanos si en el momento en el que el país necesita decisiones trascendentales no las tomamos. Lo que hoy estamos viviendo es una ocasión particular y se deben tomar decisiones particulares para una situación que nadie esperaba. Tengo una responsabilidad con mis electores y con mi Departamento y por eso no le iba a negar la inversión por otros ocho meses a los territorios”, indicó. 

Agregó que la ley de garantías no se derogó con el artículo 125, sino que sólo exceptúa los convenios interadministrativos en 2022; de resto, sigue la aplicación normal a partir del próximo 13 de noviembre. 

Finalmente, el representante Medina insistió en la necesidad de dar un empujón a la reactivación económica y enfatizó que la norma mantiene la prohibición de la contratación directa en época preelectoral y los convenios deben cumplir todos los requisitos y disposiciones previstos en las normas de contratación pública. Además, consideró viable la modificación porque los alcaldes, afectados por la pandemia, no han podido cumplir sus planes de desarrollo. 

“El propósito de esta modificación es la de contribuir en uno de los mayores retos que enfrentan las regiones en todo el país: lograr la reactivación efectiva de todos los sectores y garantizar la ejecución de programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación que se vieron interrumpidos a causa de la pandemia”, comentó. 

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Redacción Política El Nuevo Día

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