Dos de los temas que más ha preocupado al Centro Democrático en los más de tres años que lleva el Gobierno de Iván Duque ha sido la reactivación de las fumigaciones con glifosato y la reforma o eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP). En ambos casos, no ha tenido éxito en sacar esas políticas adelante. 

Esta semana, dos decisiones que no fueron tomadas por autoridades colombianas, sino internacionales (el Gobierno de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional) alejaron aún más las posibilidades de que estas reformas se lleven a cabo y pusieron al presidente Iván Duque en una posición incómoda: tener que profundizar las diferencias entre el discurso que tiene a nivel internacional y el que tiene a nivel interno sobre el tema de la paz. 

El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, ONDCP, de la Casa Blanca anunció la nueva estrategia antidrogas en la que ese país trabajará con Colombia. 

Esta se centra en fortalecer la presencia del Estado en los territorios rurales afectados por los cultivos ilícitos y generar mayores ingresos para quienes cultivan productos lícitos. No se hace ninguna mención a la aspersión aérea con glifosato, que fue la mayor prioridad durante la administración Trump. 

La oficina expresó que esta política, considerada la más ambiciosa hasta ahora, ampliará los servicios de prevención, acción, tratamiento y reducción de daños ocasionados por el suministro de drogas ilícitas. En la estrategia primará la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental. 

Los tres principales pilares que regulan la estrategia son la reducción en la oferta de drogas que incluye la erradicación, destrucción de laboratorios, interdicción, reducción de la demanda de drogas, esfuerzos contra el lavado de dinero y el enjuiciamiento de los narcotraficantes. 

El segundo estipula la seguridad y el desarrollo rural integral, esto en los territorios que más se vieron afectados por el conflicto armado y que aún en diversas ocasiones se les siguen viendo vulnerados sus derechos. Allí se implementará el acuerdo de paz y se protegerá la vida de los líderes sociales, además de formalizar la tierra. 

El último pilar se basará en la protección ambiental que presentará un evidente apoyo de Estados Unidos en monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. 

“Ambos países se han comprometido a explorar intervenciones que puedan producir múltiples beneficios, como la restauración de los bosques tropicales, la eliminación de los campos de cultivo de coca (...) y oportunidades para avanzar en los objetivos del cambio climático en la zona fundamental”, enuncia el comunicado de la oficina norteamericana.

Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional, asegura que esto es una muestra de que deben quedar a un lado los propósitos de retomar la aspersión aérea: “En la práctica, esos nuevos lineamientos de la estrategia norteamericana lo que están abandonando es la idea de la fumigación con glifosato, dando prioridad sobre todo a la erradicación manual y concertada con las comunidades”, expresó Vargas. 

El experto destaca además el cambio drástico que ha tenido la política antidrogas de Estados Unidos entre los gobiernos de Trump y Biden. El columnista John Mario González asegura, por su lado, que el gobierno de Iván Duque ha sido débil para impulsar la política de la erradicación con glifosato. 

El apoyo de la Corte Penal Internacional a la JEP 

Por otro lado, recientemente el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció una decisión histórica: el cierre de la investigación preliminar que tenía sobre Colombia desde el año 2004 por delitos de lesa humanidad, cometidos en el territorio nacional.

Durante la firma del acuerdo firmado con Duque, Khan fue bastante enfático en pedir que se continúe protegiendo el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. 

“El trabajo que hacen requiere una gran cantidad de coraje. Mi mensaje es: hay que apoyar a la JEP. El Gobierno y la sociedad civil tienen que apoyar la JEP”, afirmó Khan en el encuentro con la Jurisdicción. 

Lo paradójico del asunto es que del Centro Democrático, partido del presidente, es desde donde han venido las mayores críticas contra la JEP. Incluso después de la firma del acuerdo entre Duque y Khan siguen activos varios proyectos en el Congreso para reformar la institución y restarle atribuciones. El expresidente Álvaro Uribe y varios de los miembros de su partido han acusado a los miembros de la JEP de tener sesgos ideológicos. 

Duque trató de restarle importancia al respaldo de la JEP. “Le da el espaldarazo a la JEP sobre las expectativas que existen. A hoy no hay condenas, pero le dice que espera que la justicia cumpla con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo el mandatario. 

Para la representante a la Cámara Juanita Goebertus, más allá de la actitud de Duque, “la decisión de la Fiscalía de la CPI es un triunfo del acuerdo de paz y del avance de la justicia transicional. La condición es clara: a este y a los próximos gobiernos les toca apoyar a la JEP si quieren mantener suspendida la competencia de la CPI”. 

Eso, sin embargo, no detiene a los miembros del Centro Democrático en su propósito de reformar la JEP. La senadora Paloma Valencia aseguró que seguirá adelante con un proyecto que busca crear una sala especial de juzgamiento a militares.

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