En una carta firmada por 18 expresidentes se le recuerda al presidente Gustavo Petro la importancia de respetar el ejercicio del periodismo en Colombia como principal garantía a la libertad de expresión y ejercicio de la democracia.

“Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), consideramos nuestro deber abonar en favor  del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, columna vertebral de la democracia; ello, con motivo del preocupante lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social a través de las redes digitales por parte del gobierno de Colombia; mientras prosigue el asesinato de periodistas protestados por la Unesco y la SIP”.

Le recuerdan al jefe de Estado lo acontecido en Venezuela y le recuerdan que él es el garante de la democracia para el caso colombiano.

“En fechas recientes han reaccionado ante dichos ataques los diarios El Tiempo y El Espectador, la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la vez que se cuestiona desde dicho gobierno a Caracol Radio. Sucesivamente, dado el debate público sobre presuntos hechos de corrupción en la Presidencia de la República que investiga la Administración de Justicia, se descalifica a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la Revista Semana, con el evidente propósito, según lo muestra la experiencia regional, de regimentar los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de Estado.

“Hacemos propia, en esta hora de polaridad, la doctrina claramente establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados contra Venezuela en 2009 (Caso RCTV, Ríos y otros vs. Venezuela y Caso Globovisión, Perozo y otros vs. Venezuela): En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público.

“Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición  de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

Y concluye: Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

La carta es firma por: José María Aznar, España; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Iván Duque, Colombia; Federico Franco, Paraguay; Eduardo Frei R., Chile; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle H., Uruguay; Mauricio Macri, Argentina; Jamil Mahuad W., Ecuador; Carlos Mesa G., Bolivia; Lenin Moreno, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana, Colombia; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Sebastián Piñera, Chile; Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.