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La razón fundamental es que el sistema regido por un Congreso de dudosa honorabilidad, hacedor de leyes protectoras de los delincuentes y la inoperatividad de una justicia lenta y perniciosa, terminaron formando un esquema social donde tienen más beneficios del Estado los delincuentes que las gentes de bien que cumplen la ley y soportan con paciencia esa criminalidad desbordada y agobiante.
Como si fuera poco, el Gobierno nacional parece encaminarse a la legalización de la criminalidad por su enfoque, tras una fementida paz total, que consiste en convertir en gestores de paz a todo aquel que por su accionar criminal debiera estar en prisión pagando deudas sociales.
Y no es solo este gobierno; durante otro anterior, bandidos profesionales con centenares de crímenes terminaron convertidos en padres de la patria, en hacedores de esas leyes que tenemos que cumplir quienes el único pecado que hemos cometido es soportar estoicamente ese desorden social.
Cuando se dice que en materia de corrupción la impunidad es del 94 % se le está diciendo a los bandidos de cuello blanco: tranquilos, tienen ustedes que ser muy de malas para que formen parte de ese 6 % a quienes se les aplica la ley y de ese mínimo porcentaje de quienes terminan condenados, muchos de ellos a prisión domiciliaria, sin tener que devolver lo robado.
La justicia en Colombia, en materia penal, podemos decir que no existe y en las otras ramas del derecho es tan lenta y tortuosa que es un calvario acudir a ella; de ahí el por qué las gentes no denuncian pues consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo.
Duele leer comentarios de prensa que advierten que un criminal capturado en flagrancia ha sido detenido 10 veces en lo corrido del año y aún anda como ‘Pedro por su casa’ debido a la inoperancia del sistema para evitar la criminalidad.
Cualquier persona que piense en volverse criminal en este país, al hacer el correspondiente análisis de mercado, encontrará que éste es un paraíso perfecto para delinquir, pues reiteramos, tiene que tener muy mala suerte para que tenga que pagar por su conducta antisocial.
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