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Eso, si la registraduría con su decisión de incluir varios candidatos revocados en los tarjetones, no nos deja más confundidos de lo que ya estamos. Independientemente de lo que ocurra en varias regiones de aquí en adelante, lo que pasó en esta campaña en materia de orden público y seguridad, no puede pasar de agache. En 17 municipios será literalmente imposible adelantar comicios porque las organizaciones ilegales simplemente no dejarán. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), las muertes incrementaron en un 15 por ciento entre enero y septiembre de este año, comparado con el mismo periodo de 2019 y si se compara con 2015, cuando también hubo elecciones regionales, el aumento en las muertes es del 58 por ciento.
Los partidos con más víctimas son: Colombia Humana, un 13,3 por ciento, Comunes (antes Farc) con otro 13,3 por ciento, Cambio Radical con 10 por ciento, Alianza Social Independiente, 6,7 por ciento y Movimiento Político Autoridades Indígenas de Colombia, con el mismo 6,7 por ciento. Lo que resulta increíble -como en el caso de los excombatientes asesinados en el último año- es que un gobierno de izquierda no haya podido garantizar ni siquiera la vida de los suyos en esta época electoral.
Dice el CERAC, citado por El Tiempo, que “la violencia política electoral entre enero y septiembre de 2023 ocurrió en 23 de los 33 departamentos del país, incluida Bogotá. Los departamentos en los que más víctimas de violencia política electoral hubo durante el periodo de observación fueron Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Santander”. Solo en esos cuatro departamentos se concentró el 54 por ciento del total de las afectaciones.
Así las cosas, este no fue un periodo electoral tranquilo. Cada muerte o cada amenaza a los candidatos o al poder judicial, como ocurrió en Tuluá, en el Valle del Cauca, constituye un factor de preocupación en el que uno, como colombiano, francamente no ve que el gobierno esté trabajando.
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