Protección jurisprudencial del narcotráfico

Rafael Nieto Loaiza

En un fallo de tutela, la inefable Corte Constitucional tumbó el plan de manejo ambiental que había exigido como requisito para reanudar la aspersión aérea de los cultivos de coca con glifosato que ella misma había suspendido.
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Varias consecuencias se desprenden de esta sentencia. Una, aunque el Convenio 169 de la OIT ordena realizar consultas previas “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” a las poblaciones indígenas, para la Corte esa consulta debe realizarse también cuando pueda afectar otras poblaciones, no solo indígenas sino afrodescendientes, e incluso según se desprende de la sentencia, “campesinas”.

Dos, que debe haber consulta previa con las poblaciones indígenas aunque los resguardos están expresamente excluidos como zonas de aspersión. Según la Corte, si hay una “afectación directa” de la población indígena hay que consultarlos, así la aspersión no se adelante en los espacios del resguardo.

Por cierto, el efecto real de esa exclusión de los resguardos debe ser examinada. El resultado ha sido el crecimiento desmesurado de los narcocultivos en esos territorios, más allá del cultivo “ancestral” de coca, y un deterioro profundo de la seguridad por presencia de grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico. El último episodio fue el asesinato en el Cauca de Albeiro Camayo, fundador de la guardia indígena, por parte de disidencias de las Farc. Camayo es el tercer guardia asesinado por las Farc en dos semanas.

Tercero, para la Corte el derecho de participación en materia medioambiental se extiende sin límite racional. Ya no sabemos que se necesitará para satisfacer a las mayorías de la Corte. Es claro que no basta que se cumplan los requisitos que el mismo tribunal había establecido para que la participación fuese válida: que haya sido previa, amplia, pública, deliberativa y eficaz. Porque el tribunal reconoce que se hicieron varias reuniones informativas durante distintos días y en diferentes meses, con puntos de apoyo presenciales donde se instaló una pantalla para la proyección de la transmisión y se habilitó un teléfono móvil para la participación de doble vía de la comunidad, que esas reuniones fueron transmitidas por televisión con leguaje de señas y que, además, se difundieron radialmente en 77 emisoras públicas y privadas con sintonía en los 104 municipios donde se haría la aspersión. También se puso a disposición de la ciudadanía una línea telefónica gratuita para responder preguntas y hubo transmisión vía streaming en youtube, facebook y twitter.  

Rafael Nieto Loaiza.

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