El 2013 fue un año de protestas motivadas por los problemas ambientales que ocasiona el extractivismo imperante en el país.

La resistencia a la minería en gran escala contrapone visiones e intereses de comunidades agrarias e incluso de grandes productores agrícolas nacionales con las que provienen de las transnacionales mineras e incluso de la mediana minería, que no por ser menor, deja de causar enormes daños ecológicos y perturbar la vida de los habitantes del campo y de los pueblos.

Proliferaron las manifestaciones contra las empresas y los proyectos mineros, particularmente los de las transnacionales en Piedras, Tolima, Tauramena, Casanare, el corredor Tinjacá-Villa de Leyva-Gachantiva y la empresa Drummond.

Además, el conflicto ambiental se rebeló como transversal y esencialmente político. Detrás de la entrega de baldíos a monopolios nacionales, de la conturbación de extensas zonas, del decaimiento de la producción agraria nacional, también asoma la dimensión ambiental de los grandes problemas contemporáneos y emerge la sociedad civil protestando.

Un asunto espinoso

La delimitación de los páramos –propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo vigente y estrechamente vinculada con los límites a la exploración y explotación mineras- dio pie a una gran polémica.

Los insumos técnicos para tal delimitación fueron encargados al Instituto Alexander Von Humbolt, el cual viene trabajando en el asunto y el primer páramo que se decidió delimitar fue el de Santurbán, cuya defensa ante la amenaza de la minería del oro a cielo abierto ha generado un gran movimiento popular en Bucaramanga, cuya provisión de agua se vería gravemente afectada.

A finales del año, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció que la demarcación estaba lista, pero era necesario concertarla con comunidades e intereses mineros que, como se sabe, involucran no solo a grandes empresas -dos de ellas transnacionales- sino también a los pequeños mineros de la zona. El problema consiste en que la delimitación traza una línea y prohíbe las actividades económicas por encima de ella, sin diferenciar los intereses de las comunidades tradicionales, de los de agricultores más recientes como los cebolleros ni de las empresas transnacionales, lo cual genera un galimatías difícil de resolver.

Incluso, se ha llegado a mencionar que se respetarían los derechos adquiridos por los títulos mineros ya otorgados, lo que implica permitir la explotación minera dentro de los páramos por 15 años, al cabo de los cuales la afectación sería de tal magnitud que para entonces del ecosistema paramuno no existirá ni el recuerdo.

El asunto central consiste en que las zonas de páramo en Colombia -que representan un poco más del uno por ciento del territorio- proveen el 85 por ciento del agua que utilizamos.

Bosques nativos

Asistimos a una transformación profunda de los ecosistemas en aras de la quimera de la “prosperidad” que la economía extractiva promete.

Un indicador del avance en dirección equivocada son las cifras de deforestación. En agosto de 2013 el Ideam anunció que entre 2011 y 2012 el país había perdido 295 mil 892 hectáreas de bosque natural, el equivalente a 1.6 veces el área del Quindío.

Hay una gran polémica sobre las causas de este problema. Aunque hay consenso en que la ganadería extensiva es una de las causas centrales y que ha ocasionado la tala de vastas extensiones, la atribución a la horrible minería ilegal de parte importante es más discutible, pues se usa para ocultar la devastación causada por la minería legal que el Gobierno promueve.

Lo cierto es que de afianzarse el modelo depredador adoptado por los últimos gobiernos, la base sagrada y natural del país se verá tan profundamente afectada que tal vez no será posible construir un nuevo tipo de sistema productivo acorde con las características de los ecosistemas del trópico húmedo que predominan en Colombia.

Monocultivo

Pues bien, la Orinoquía viene siendo sometida a un proceso acelerado de desecación, deforestación, sustitución de la cobertura vegetal y pérdida o menoscabo de las culturas autóctonas. Un solo producto, la palma de aceite, ha llegado a cubrir amplias extensiones y la propia Fedepalma anuncia que gran parte del millón seiscientas mil hectáreas que se proyectan para el 2032, lo serán en la Orinoquía (que hoy aporta cerca del 30 por ciento de la producción nacional de palma aceitera).

Las circunstancias que acompañan este proceso aparecieron con toda claridad en el 2013, cuando trascendió que una de los monopolios que quieren convertir la Orinoquía en un campo agroindustrial –Riopaila S.A.- había acudido a triquiñuelas jurídicas para hacerse con 40.000 hectáreas de baldíos nacionales destinados por la Ley 160 de 1994 a ser adjudicadas a población campesina solo a través de Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que para la región no sobrepasan las mil 100 hectáreas cada una.

1.435 especies

Estos singulares ecosistemas son el hábitat de 1.435 especies de peces de agua dulce, lo cual los hace únicos en el mundo y, como si fuera poco, en ella habitan 700 especies de aves, el 40 por ciento de las registradas en Colombia.