Este indicó que contrario a lo que aparece en el informe técnico aportado por parte de la Contraloría con fecha del 24 de octubre de 2018, nunca recibió algún tipo de citación por los conductos de comunicación habilitados por parte de este organismo de control, toda vez que no desatendió ningún llamado al no conocer la situación en mención.

También sostuvo que diferente a lo indicado en el documento de este órgano de control, en el aparte ‘análisis del tema’, es apropiado señalar que en la página del Sigep, donde reposa su información académica en la hoja de vida de la función pública, sólo se relaciona el posgrado en Investigación Criminal que cursó y del cual se encuentra titulado.

Además, indica hubo inconsistencias en la fecha del contrato con el que se presumiría que Ocampo fue contratado por esta entidad del Ministerio Público para realizar la dirección administrativa y financiera de la Personería de Ibagué durante la vigencia 2018, pues según el contratista, este fue suscrito en el año 2018, fecha diferente a la que hace referencia el informe técnico en su página cuatro.

Igualmente, dice que no es funcionario público como se señala en el documento expedido por la Contraloría Municipal, sino un contratista.