Con el fin de reducir la informalidad laboral en Colombia, que afecta al 63% del total de los ocupados en zona urbana que representa 13.7 millones de ocupados y al 85,5% en los territorios rurales que son 4.1 millones de ocupados, el Plan Nacional de Desarrollo contempla varias acciones. Entre ellas, flexibilizar la contratación laboral. Es decir, que los contratados por horas, días o jornadas incompletas puedan cotizar salud y pensión de acuerdo al salario que devengan no por el mínimo legal vigente como se hace actualmente.

No obstante, esto implicaría aceptar que en Colombia el salario mínimo legal vigente no sería de $828.116. Porque aquellas personas que ganan menos del mínimo estarían cotizando seguridad social de acuerdo a las horas trabajadas y no por mes. Actualmente, los trabajadores independientes no cuentan con la posibilidad de una pensión para su vejez, porque el dinero que ganan no les alcanza para aportar al sistema, y muy pocos realizan aportes voluntarios con los Beneficios Económicos Periódicos, Beps, por lo que no cuentan con seguro para su vejez.

Es decir, si un trabajador que solo labora tres horas al día porque no lo necesitan más, sus aportes se liquidarían por el tiempo trabajado y no por el salario mínimo como se hace hoy.

Para Diana Cuervo Díaz, experta en asuntos laborales, la idea es buena pero debe ser analizada junto con los gremios, sindicatos, empresarios y entidades del Gobierno, para trazar la ruta que genere más oportunidades laborales legales y formales, y no arriesgarse a que se quede en el papel.

“La carga prestacional que tienen las empresas colombianas está muy desfasada con respecto a otros países y América Latina, por lo que cada vez es más difícil crear empresas y generar empleos. La propuesta es innovadora pero se debe estudiar bien y no aprobar o desaprobar a pupitrazo”, comentó la experta laboral.

Y es que de acuerdo con la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, el plan de acción para aumentar la formalización empresarial y reducir la informalidad laboral planteadas en el PND está encaminada a reducir la carga regulatoria, que permita la formalidad a través de la Ventanilla Única Empresarial.

“Así mismo, ya se han desarrollado iniciativas como la revisión de los requisitos para seguridad y salud en el trabajo para las empresas pequeñas. Hay que ayudar a los que quieren ser formales y retirar las barreras que se lo dificultan”, dijo la Ministra.

Con respecto a cómo reducir la brecha de empleo que existe entre las zonas rurales y urbanas, así como entre hombres y mujeres, la Ministra afirmó que uno de los principales problemas en la ruralidad son los mínimos niveles de protección social, debido a los bajos ingresos.

“La apuesta principal es establecer el Piso de Protección Social que reconozca la dinámica de sectores como el rural, caracterizada por ocupaciones estacionales y de tiempo parcial. En cuanto al tema de brechas de género, estamos impulsando el Sello Equipares para un ambiente laboral más igualitario, así como reducir las barreras de inserción laboral para las mujeres que les reconozca la trayectoria ocupacional y aumente la probabilidad de su enganche laboral”, afirmó.

Primer empleo

De acuerdo con Cuervo Díaz, es importante fortalecer la política del primer empleo, para la población juvenil recién egresada que tiene pocas posibilidades de adquirir experiencia.

“El desempleo de los jóvenes está por encima del 40% y no se ven opciones laborales reales. Es preciso revisar junto con el Ministerio de Educación si las empresas no están ofreciendo oportunidades para dicha población, o el problema radica en que las universidades no están capacitando de acuerdo a las demandas del mercado laboral del país. Es urgente actualizar el Código Sustantivo del Trabajo que es de 1951, cuando no existían alternativas de empleo como Uber, Rappi y muchas otras que se están generando con las nuevas tecnologías ”, explicó.