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La polémica no cesa en el país por el sonado contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), con la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como finalidad llevar conectividad a las zonas más apartadas del país.
Mientras la cartera ministerial busca por todos los medios la caducidad del contrato, en el que se dio un anticipo de 70.000 millones de pesos, el consorcio también emprenderá acciones contra el Estado, ya que consideran que se está actuando de forma improcedente.
La Unión Temporal aseguró que tomará acciones legales contra la Nación, por declarar la caducidad del contrato que pretendía conectar a Internet por 11 años a 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Centros Poblados asegura que las acciones tomadas por el ministerio público son improcedentes y que se les violó el debido proceso al declarar la nulidad del contrato, dado que, por ser este de carácter atípico, no tenía una cláusula de caducidad.
Jorge Pinno Ricci, apoderado de Centros Poblados, indicó que el Ministerio de las TIC incurrió en varias inconsistencias al presentar esa nulidad, además dijo que la ministra Karen Abudinen actuó como jueza en el proceso y negó las pruebas que les garantizaban a ellos su derecho al debido proceso.
“El ministerio actuó de forma indebida, de forma apresurada y se equivocó. No decretó las pruebas necesarias para verificar que la garantía bancaria es irregular y en el afán cometió gravísimos errores”, dijo el abogado.
Pino Ricci explicó que tras conocer la caducidad del contrato, la entidad presentó una acción de tutela ante un juez de Puerto Colombia (Atlántico), y que dicho juez era competente para declarar procedente ese recurso, dado que, según él, el Ministerio vulneró un derecho fundamental.
No obstante, explicó que contrario a lo que se ha dicho, el juez no declaró que la tutela fuera improcedente, por cuanto simplemente remitió el caso a un par suyo civil del Circuito de Barranquilla para que revise el caso, “pero la acción de tutela, estoy seguro que es procedente, por lo que esperamos una respuesta en diez días”, dijo.
El abogado aseguró que el mecanismo de la tutela es transitorio, por lo cual procede una demanda contra la Nación, por los perjuicios causados a las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal, ya que por la caducidad deben ceder los contratos que tengan con el Estado.
“La Unión Temporal sí está pensando en formular una demanda contenciosa por todos los vicios, especialmente porque el Ministerio no tenía competencia para declarar la caducidad, por violación al debido proceso, y otras irregularidades, formular la demanda para que se decrete la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dispuso la nulidad del contrato”, dijo Pino.
Centros Poblados buscará una indemnización por perjuicios, asegurando que tienen derecho a que se les cancelen las utilidades que hubieran recibido por la terminación de los contratos que las empresas de esa unión tenían con el Estado, que asciende a 8 billones de pesos, aunque no pueden demandar por ese monto, sí lo podrían hacer por la utilidad que hubiesen recibido en esos contratos.
Otro punto importante que demandará la Unión Temporal, es el embargo a sus cuentas, pues aseguraron que el Ministerio los podría llevar a la quiebra y en ninguna de dichas cuentas se tenía dinero que hiciera parte del anticipo de los 70.000 millones de pesos que les entregaron.
La empresa asegura que para las garantías acudieron a un corredor de seguros que se llama Rave Agencia de Seguros, representada por Juan José Laverde y Jorge Alfonso Molina, y que ellos son terceros de buena fe, por lo que no pueden establecer si la garantía es falsa o no.
Según la Unión Temporal, tampoco tiene nada que ver con ellos la controversia entre socios, en la que Nuovo Securyty LLC., en la cual en el contrato para la adquisición de equipos, por 58.000 millones de pesos, se habría suplantado la firma de uno de los socios. Para la empresa, Nouvo es un contratista que no hace parte de Centros Poblados.
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