Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, declaró durante cuatro horas la candidata presidencial Ingrid Betancourt, en el marco de una indagación preliminar que se realiza contra Córdoba, por lo que se ha denominado como ‘farcpolítica’.

Si bien la Corte viene avanzando desde hace varios meses en la etapa de pruebas y de escuchar testimonios que aporten a la investigación, esta semana creció el escándalo luego de que Andrés Vázquez, exasesor de Córdoba, la señaló de haberse extralimitado en sus funciones como mediadora en la liberación de secuestrados por la guerrilla de las Farc.

El hombre aseguró que Córdoba y las Farc se habrían puesto de acuerdo para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

Según las declaraciones, Córdoba también habría asesorado a las Farc sobre cuál era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública.

Tras la diligencia de hoy, que se realizó en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, Betancourt señaló que la excongresista sí tiene responsabilidad en el retraso de liberaciones e influyó para que ella permaneciera más tiempo en cautiverio.

Y agregó, “pero si no es el caso, puede ser una excelente noticia. Le contesté a la magistrada y no quisiera decir nada que pudiera invalidar mi intervención (…) eso es lo que yo pienso, pero soy víctima, no puedo decir que sea objetiva”.

Betancourt además señaló que “la verdad se va a saber, eso es lo que estamos esperando las víctimas, que haya claridad sobre estos eventos. Solamente tenemos una parte de la información”.

La candidata a la presidencia no se quiso referir a la citación que pidió Piedad Córdoba a Yolanda Pulecio (madre de Betancourt), donde en su último comunicado le dice que su mamá podría ser testigo de la gestión que se hizo en medio de su cautiverio.

Las respuestas de Piedad

Córdoba desde hace años que ha negado ser la ‘Teodora’ de las Farc y una vez más aseguró que todo se trata de una persecución política.

“Aun no logro entender el porqué del ensañamiento en mi contra desde tantos sectores reaccionarios para impedir que pueda hacer política. No he cometido delito alguno, por el contrario, entregué toda mi carrera política para conquistar la paz y los cambios sociales. No me vengan con el cuento de que soy una mujer que se hace perseguir. Acá hay una política sistemática del régimen”, aseguró por medio de un comunicado.

La excongresista dijo que no es la primera vez que han surgido testigos falsos en su contra en épocas electorales, como por ejemplo el “entrampamiento a través de la confesa estafadora Giselle Jaller Jarbour, alias ‘La Mona Jaller’, quien se me presentó supuestamente a nombre del gobierno de Trump para mediar en la liberación de Simón Trinidad en 2017”.

Además, catalogó las acusaciones calumniosas e injuriosas, sin ninguna prueba ni acusación fehaciente en su contra y a su exasesor Andrés Alberto Vásquez, testigo de los señalamientos, de mentiroso, estafador y de haber sido condenado por injuria y calumnia.

“Nunca lo delegué para que me representara en negociación comercial alguna, aunque como demostraré ante los estrados judiciales utilizó mi nombre para lucrarse y entablar negocios con diversos empresarios”, agregó Córdoba, quien aseveró que la magistrada Cristina Lombana tiene un hostigamiento obsesivo en su contra.

Así mismo, afirmó que este nuevo señalamiento en el caso de la “farcpolítica” es un “refrito”, porque esas pruebas ya habían sido desestimadas por la Corte Suprema de Justicia y pidió que los comparecientes de las Farc indiquen ante la JEP si había alguna relación con ese grupo armado.

En relación a Betancourt, Córdoba se despachó y la acusó de utilizar al alto tribunal como plataforma para impulsar su aspiración política.

“Para Íngrid Betancourt, víctima al igual que yo del conflicto armado, pido verdad, justicia y reparación. A Íngrid, la candidata, le pido no utilice más la justicia con fines electorales. 

“En la Corte no puede ganar lo que pierde en los debates con Gustavo Petro”, señaló Córdoba, sacando a relucir al candidato que apoya en la consulta interna del Pacto Histórico.

Las pruebas en la Corte

El expediente judicial que vincula a la exsenadora Piedad Córdoba, por sus presuntos nexos con las Farc, reposa en la Corte Suprema de Justicia desde hace casi 14 años. No obstante, el alto Tribunal se ha inhibido de acusar formalmente a Córdoba, dado que no se ha podido sostener la carga probatoria en su contra.

El proceso revivió por un informe entregado por Ecuador al Gobierno, en donde la señalan de ser la supuesta pieza clave para el empresario Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Así mismo, en este momento es clave la declaración que dio desde Miami Andrés Vázquez, quien aseguró que Córdoba se lucraba de los acuerdos humanitarios que se adelantaron con algunos rehenes que estuvieron en poder de la estructura guerrillera.

Se sabe que Vázquez entregó a la Corte 17 puntos concretos con pruebas documentales, teléfonos, correos electrónicos y, básicamente, todo lo que tiene de sus años de trabajo como asesor de Córdoba.

Así mismo, en el expediente reposan testimonios de excombatientes y otros exasesores, así como información financiera de la exsenadora y su círculo cercano, pruebas que han sido recolectadas con especial sigilo por parte de la magistrada Lombana.

Citación

La Corte Suprema de Justicia citó a rendir declaratoria en el caso de la excongresista Piedad Córdoba al expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 23 de febrero a partir de las 2:30 p.m. La citación fue emitida por la magistrada Cristina Lombana Velásquez.

“Dentro de la actuación adelantada en contra de la excongresista Piedad Córdoba Ruiz, me permito comunicarle que se dispuso escucharlo en diligencia de declaración el 23 de febrero de la anualidad que avanza a partir de las 2:30 p.m.”, expresa la solicitud.

La Corte informó que la audiencia se realizará de forma presencial en la Sala Especial de instrucción de la Corte en la ciudad de Bogotá.

Se le recordó al expresidente Uribe que tiene la obligación de rendir declaratoria bajo la obligación que imparte el artículo 266 de la ley 600 del año 2000.

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