Fiscalía acusó de corrupción a dos exalcaldes de Piedras

 Arquímedes Ávila Rondón, exalcalde de Piedras y  Rogelio Montealegre Murillo, exalcalde de Piedras.
Crédito: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA. Arquímedes Ávila Rondón, exalcalde de Piedras y Rogelio Montealegre Murillo, exalcalde de Piedras.
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Cerca de 376 millones de pesos habría cancelado la Alcaldía de Piedras por un cambio de alcantarillado que no se hizo. 
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Los exalcaldes de Piedras, Rogelio Montealegre Murillo (2008-2011) y Arquímedes Ávila Rondón (2012-2015), fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento requisitos legales, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

La misma diligencia se llevó a cabo en contra de Benjamín Orlando Arana Osuna, quien era contratista; Alberto Casabianca Moreno, quien fungía como interventor; Jhon Paul Peña Rojas, exasesor de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de la Alcaldía durante el año 2011, y Gloria Piedad Reyes Ariza, asesora de planeación para el mismo período. 

 

El caso

 

Actividades investigativas adelantadas por servidores del CTI de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, permitieron encontrar irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra N° 113 del 19 de noviembre de 2011, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre, ubicada en zona rural de la localidad. El valor contratado superó los mil 150 millones de pesos. 

Montealegre Murillo tramitó el contrato con Arana Osuna, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por su parte, Peña Rojas, asesor de la Alcaldía, habría participado en el trámite inobservando requisitos esenciales en los estudios previos. 

Ávila Rondón, como mandatario local en 2012, liquidó el contrato haciendo caso omiso a las presuntas irregularidades. 

Arana Osuna se habría apropiado de 290 millones de pesos aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades y obras que nunca ejecutó. Igualmente, habrían permitido que Casabianca Moreno, como interventor del contrato, se apropiara de 86 millones de pesos aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades que tampoco fueron ejecutadas. 

Entretanto, Peña Rojas, Reyes Ariza y Casabianca Moreno, al parecer, rehusaron cumplir sus funciones, pues no realizaron la vigilancia al contrato tal y como lo exige la ley. La audiencia de preparatoria de juicio será el 13 de junio próximo.

 

Dato

 

Según la Fiscalía, personal de la administración y los contratistas habrían falsificado documentos públicos y privados.

 

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Credito
Redacción Generales.

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