Se avecina una nueva reforma tributaria. Es inevitable, pues se debe, con urgencia, cubrir el déficit que la caída del precio internacional del petróleo deja en las finanzas del Estado.

Y aunque se espera que el texto definitivo sea radicado ante el Congreso este martes 18 de octubre, ya se ha conocido parte de lo que contendría el proyecto.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante una reunión con el Consejo Gremial Nacional, reveló algunos puntos, como la inclusión de un ‘monotributo’ que deberán pagar los pequeños comerciantes con ingresos anuales menores a 104 millones de pesos.

Además, se eliminarían los sistemas Imas e Iman para la declaración del impuesto de renta de las personas naturales, y la determinación de si una entidad se clasifica como sin ánimo de lucro quedaría en manos de la Dian. Aunque en esa reunión, llevada a cabo el pasado jueves, no se habló sobre el incremento al IVA, se da por descontado que vendrán modificaciones en las tarifas.

¿Pero cuál será el impacto de esta reforma, que varios sectores definen como necesaria para mejorar y equilibrar las finanzas del país? Aquí le contamos.

Para las personas naturales

Se espera que la mayoría de las reformas recaiga sobre las personas naturales. Esto, aseguran los analistas, se debe a la necesidad de tener un sistema “más equilibrado en el aspecto tributario”.

El Consejo Gremial Nacional y la comisión de expertos para la reforma tributaria han insistido en que la mayor evasión se da en los pequeños comerciantes y las personas naturales. Por esa razón, se proponen modificaciones en el impuesto de renta, que incluyen la ampliación de la base gravable para estas últimas (a 1,5 millones de pesos, aproximadamente), así como la eliminación de los sistemas Iman e Imas.

Actualmente, 2’085.000 personas declaran renta. Con la propuesta, pasarían a hacerlo cerca de tres millones. De acuerdo con Iván Daniel Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, si se baja la base para declarar renta y se obliga a tributar a quienes ganen menos de 1,5 millones, se reduciría el poder adquisitivo de la población y eso repercutiría en la economía, por medio de un menor consumo.

Sin embargo, según Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, lo que se requiere es un mayor equilibrio sobre las personas naturales que tienen más ingresos y liberar un poco a los empresarios. “Las empresas no son ricas, pero los dueños sí lo son, y esas personas de alto ingreso (fundamentalmente rentistas de capital, no tanto los asalariados) tienen que tributar más, seguramente sobre los dividendos que reciban”, afirmó.

El otro punto que toca directamente el bolsillo de las personas naturales es el aumento del IVA. Para Botero, “inevitablemente, el país tiene que afrontar una reforma del IVA. Habrá que universalizar el gravamen, evitar la dispersión tarifaria y quizá, en alguna medida, un incremento tarifario. Hay que gravar la canasta familiar, pero tomar medidas para evitar el impacto en los sectores más pobres”, aseguró.

De acuerdo con cálculos de Corficolombiana, las modificaciones en las tarifas de este gravamen generarían incremento en la tasa de inflación anual de entre 1,9% y 2,2% adicionales. Este concepto lo comparte la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que ha advertido que las modificaciones al IVA, como se tienen planteadas, harán que todo sea más caro, que los insumos cuesten más y que los campesinos colombianos deban trasladar esos costos a los compradores.

Otros aspectos importantes son la eliminación del impuesto a la riqueza, que actualmente pagan tanto las personas naturales como las jurídicas que tengan ingresos anuales de más de 1.000 millones de pesos, y el establecimiento de un gravamen a los dividendos.

Esto, según Fedesarrollo, puede tener efectos importantes en la progresividad del sistema tributario, en la medida en que las personas con mayores ingresos suelen tener una mayor participación de dividendos y una menor participación de rentas laborales.

Por su parte, los pensionados, que con las reformas anteriores no habían sido afectados de manera estructural, si lo estarían en esta, pues habría impuestos para quienes ganen más de 4 millones de pesos mensuales.

Para las empresas

Uno de los mayores impactos sobre las empresas y personas jurídicas en general lo tendrían las entidades sin ánimo de lucro, que tradicionalmente han gozado de exenciones en la tributación. Según el ministro Cárdenas, será la Dian la encargada de determinar qué entidades quedan dentro de en esta categoría. Algunas iglesias, por ejemplo, tendrían que pagar impuestos sobre las propiedades que no están destinadas al culto.

La propuesta también unificaría los impuestos de carácter directo que recaen sobre las empresas. Así, se propone crear el impuesto sobre las utilidades empresariales (IUE), que agruparía el impuesto de renta y complementarios y el Cree. La creación de este tributo busca frenar la proliferación de exenciones, ingresos no constitutivos de renta y deducciones que no tengan causalidad con la generación de utilidades. En este punto, cabe destacar que la tarifa aumentaría del 33% al 35%.

Natalia Salazar, subdirectora de Fedesarrollo, asegura que el principal objetivo de la reforma es compensar parcialmente la caída de los ingresos provenientes del petróleo, lo que también requiere de un fuerte ajuste en el gasto público. Adicionalmente, evitaría la caída en el recaudo, como consecuencia del desmonte de algunos impuestos que se crearon con carácter transitorio.

“La reforma es necesaria no sólo por cuestiones de recaudo, sino también porque el régimen actual tiene demasiadas limitaciones. El sistema tributario colombiano no cumple ninguno de los principios de un esquema exitoso: no es equitativo horizontalmente; personas o empresas similares son tratadas tributariamente de manera diferente, como consecuencia de los múltiples beneficios que tienen algunos y de la alta evasión. No es progresivo y no contribuye a una mejor distribución del ingreso”, asegura.

Además, no es eficiente económicamente, pues la mayor carga tributaria recae sobre las empresas y, en particular, sobre unas pocas de ellas, afectando la inversión y la generación de empleo. Por esta razón, agrega, es excesivamente complejo y difícil de administrar.

El ‘monotributo’

Una de las propuestas más novedosas es la creación de un ‘monotributo’, que tendrían que pagar los pequeños comerciantes cuyos ingresos anuales no superen los 104 millones de pesos.

“El ‘monotributo’ es una alternativa para simplificar el pago de impuestos que hoy ya se pagan y además formalizar a los pequeños comerciantes con locales de menos de 50 m2, con una tarifa reducida y de fácil cumplimiento”, explicó el ministro Cárdenas.

Este gravamen, que se aplicaría solo a las personas naturales que hoy declaran, remplaza al impuesto de renta y es una alternativa al régimen simplificado del IVA. La idea es que el impuesto se pague mensualmente, con una tarifa que se determina de acuerdo con el rango de ingresos anuales del pequeño comerciante (ver tabla).

De acuerdo con el ministro Cárdenas, un comerciante que gane entre $83 millones y $104 millones anuales, pagará en un año, por concepto del ‘monotributo’, $960 mil (es decir, $80 mil mensuales), de los cuales $180 mil anuales ($15 mil mensuales) se destinarán a beneficios económicos periódicos, Beps, un programa de ahorro voluntario que hace parte del modelo de protección para la vejez.

“Aquí se busca atraer a la formalidad y dar más oportunidades a los pequeños tenderos. El recaudo es un recaudo marginal, lo importante es que ingresen a la formalidad ¿Para qué? Para que tengan más beneficios. Un tendero formal es un tendero al que los proveedores van a dar más crédito, que va a tener acceso al sistema financiero y que también tenga más protección en materia de seguridad social”, concluyó el ministro.

Además de los Beps, al pagar el ‘monotributo’ se adquiriría el derecho a afiliarse a una caja de compensación familiar, y no se cobraría la retención en la fuente por los pagos realizados en el establecimiento de comercio a través de datáfonos.

Según el abogado tributarista Mauricio Plazas, la implementación de este gravamen generaría formalización, evitaría la evasión y no significaría una desmejora en los ingresos de estas personas, sino su inclusión al mundo tributario.