Todo el mundo coincide en que debe cerrarse para dar paso a una administración limpia y eficiente de los multimillonarios bienes y recursos de la mafia que, por años, han sido dilapidados o pasto de avivatos.

El problema es que hacerlo se está mostrando mucho más complicado de lo que creía el Gobierno. Durante semanas, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció a los cuatro vientos que la DNE sería clausurada el primero de julio. Pero algo falló en su cálculo.

El decreto, redactado en su despacho, se frenó en seco en Presidencia, pues allí no están seguros de que la fórmula planteada para la liquidación funcione. Y esto, por varias razones.

El proyecto dividiría a la DNE en tres: las funciones de política antidrogas pasarían al Ministerio de Justicia; los bienes que no tienen inconvenientes se entregarían a Hacienda para que los administre, y los que tienen problemas jurídicos -el gran chicharrón- pasarían a manos de un liquidador, también bajo el Ministerio de Justicia.

Este funcionario debe elaborar el inventario de bienes, sanearlos y, mientras tanto, administrarlos. Sin embargo, no está claro cómo la nueva administración va a manejar 74 mil bienes de los cuales muchos ni siquiera se sabe si existen mientras otros tienen problemas jurídicos ­insolubles.

Una inquietud adicional es cómo garantizar que la liquidación concluya y no se eternice, como ­sucede con frecuencia en Colombia. Sobre todo porque ese liquidador, sea un particular o Fiduciaria La ­Previsora, como plantea el borrador de decreto, tendría que adquirir poderes extraordinarios para adelantar su labor.

A esta evaluación en Presidencia se sumaron las reflexiones de la Contraloría General, que ha advertido sobre el riesgo de que los problemas de la DNE sean trasladados a las instituciones que asuman su manejo, como el Ministerio de Hacienda o el de Justicia. También ha alertado sobre el peligro real de que, en el tránsito, puedan desaparecer muchos bienes así como evidencias de las irregularidades cometidas durante años.

La inquietud no es gratuita: hace poco, en un intento por consolidar el inventario de la DNE, se hizo un contrato que fracasó y que borró buena parte de la memoria de la entidad. Por último, a la Contraloría le preocupa que la política de estupefacientes, tema crucial en Colombia, pueda quedar en una dependencia de segundo nivel en el Ministerio de Justicia.

Con las dudas de Presidencia y las inquietudes de la Contraloría, cada vez toma más fuerza la propuesta de posponer la decisión final sobre la DNE hasta que el nuevo Ministerio de Justicia comience a funcionar, posiblemente el 7 de agosto. Si al nuevo ministro, Juan Carlos Esguerra, le va a tocar esta papa caliente lo justo es, como opinan algunos en el Gobierno, que al menos participe en la discusión de cómo manejarlo.

Todo indica que en cuanto a liquidar la DNE, es más fácil decirlo que hacerlo. Pese al compromiso del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, del de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y del director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, la solución aún no parece estar a la vuelta de la esquina, como se anunciaba hace unas semanas. “Del afán sólo queda el cansancio”, es lo que se comenta en el alto Gobierno cuando se pregunta sobre el tema. Con este tema, la administración Santos tiene una primera prueba de fuego sobre su capacidad de materializar sus anuncios.