El caso de las víctimas del Palacio de Justicia está a un paso de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Semana conoció el informe de fondo en que se responsabiliza a Colombia por la desaparición de 12 personas, la detención ilegal y tortura de otras cuatro y la desaparición y ejecución de una más, en noviembre de 1985.

El informe, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una especie de acusación previa en que la probabilidad de condena para el Estado es muy alta. Los 11 casos anteriores que han llegado a ese punto han sido fallados contra el Estado.

Las víctimas de desaparición que reconoce la Comisión son los empleados de la cafetería y visitantes del Palacio Cristina Guarín, Luz Mary Portela, Gloria Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez, David Supes, Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Norma Constanza Esguerra, Gloria Isabel Anzola, Lucy Amparo Oviedo y Ana Rosa Castiblanco.

Además, la Comisión encontró responsable al Estado por la desaparición de Irma Franco, guerrillera que participó en la toma, salió viva del Palacio y luego desapareció. En criterio de la Comisión, al momento de su salida ella no hacía parte de las hostilidades y se debió respetar su vida.

Los casos por las desapariciones han sido parte del proceso que se abrió en 1990, cuando los familiares de las víctimas acudieron al organismo internacional en vista de los pocos avances en lasinvestigaciones. Pero el informe también reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición y posterior asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán. La Comisión subraya que la necropsia de Urán arrojó información sobre el maltrato que recibió y el tiro en la cabeza que lo mató, disparado a menos de un metro de distancia.

El informe también responsabilizó al Estado por las detenciones ilegales y torturas a que fueron sometidos Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. Ellos eran dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia que fueron al Palacio a presentar un examen ante un magistrado.

Dos casos, menos conocidos, son los de Orlando Quijano, abogado que escribía para una revista de Derecho, y José Vicente Rubiano, trabajador de obras públicas que fue retenido por militares mientras se desplazaba de Zipaquirá a Bogotá en un bus. Quijano dijo a la Fiscalía en 2006 que estuvo retenido por más de seis horas. Rubiano, en cambio, permaneció del 7 al 23 de noviembre, según consta en el expediente.

La defensa del Estado primero alegó que la Comisión no tenía competencia y, en segundo lugar, que la investigación no ha parado en estos 25 años, por lo que el plazo no es “irrazonable”. Además, agregó que no debían tenerse en cuenta las solicitudes de reparación monetaria, pues el Consejo de Estado ya ha indemnizado a los familiares de las víctimas de desaparición.

No obstante, la Comisión dejó claro que sí tiene la competencia porque Colombia ha suscrito las convenciones para prevenir la tortura y la desaparición forzada. Y señaló que en 25 años sólo se han producido dos sentencias condenatorias que fueron apeladas: la del coronel retirado Alfonso Plazas Vega y la del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. En su análisis, enfatiza en que desde el principio se intentó ocultar la verdad afectando los derechos de las víctimas.

Al final del informe, la Comisión hace recomendaciones al Estado, en que pide sancionar a los culpables en un plazo razonable, localizar a los desaparecidos y reparar a las familias, entre otras. Le da un plazo de dos meses (que se cumplieron la semana pasada). Semana conoció que la Cancillería pidió un mes de plazo adicional para responder. Aunque esta puede expresar su desacuerdo con las recomendaciones o alegar que los organismos del Estado han avanzado en su cumplimiento, es improbable que la respuesta detenga la llegada del caso a la Corte. En ese caso, según la experiencia, es muy seguro que al cabo de dos años se produzca un fallo condenatorio.

Angelino, en campaña
La elección del Vicepresidente en la OIT no es imposible, pero no será fácil. ¿Podría sostenerse como Vicepresidente en caso de ganarla?

La candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió  a generar debate. Garzón inició su campaña la semana pasada con una visita a Turquía e Italia. En Turquía se reunió con sindicalistas, empresarios y el presidente de ese país, Abdullah Gul. Habló de la posibilidad de estrechar los lazos comerciales y del buen momento económico que atraviesa esa nación. Ante una agencia de prensa local, mencionó la posibilidad de acercar a las dos naciones en un encuentro amistoso de fútbol.

Después, en Roma, aprovechó para resaltar las oportunidades comerciales que tiene una eventual sociedad entre Colombia y la Unión Europea y defendió sus cualidades para ocupar el vacío que deja el chileno Juan Somavía en la Dirección de la OIT. Se reunió, en Turín, con el alcalde de esa ciudad, Piero Fassino, y con representantes de las centrales obreras italianas.

Desde el momento de su postulación, en octubre pasado, la candidatura del vicepresidente, quien ha tenido salidas públicas que han incomodado al Gobierno, fue interpretada como una jugada del presidente Juan Manuel Santos para sacarlo del juego político nacional. Sin embargo, más allá de las consideraciones internas, es la apuesta más ambiciosa de la política exterior de Santos, por la importancia del cargo. La eventual elección de Garzón lo convertiría en el colombiano que ha llegado al punto más alto de la diplomacia mundial.

Pero la apuesta no es fácil. No es claro, desde el punto de vista jurídico, si Garzón podría conservar su título de Vicepresidente de Colombia en caso de ser elegido. El presidente Santos piensa que no: “Yo creo que los cargos son incompatibles”, dijo en una entrevista en diciembre en RCN La Radio.

Pero otra cosa piensa el propio Garzón. En una conversación con El Nuevo Siglo, afirmó la semana pasada que la postulación no implica inhabilidad con el cargo que ocupa.

La Constitución dice que la función del vice es reemplazar al presidente en caso de faltas temporales o absolutas, y agrega que el jefe del Estado puede asignarle otras funciones. Esto incluye la posibilidad de nombrarlo en otros cargos: Ernesto Samper nombró a Humberto de la Calle como embajador en España, y Gustavo Bell fue ministro de Defensa en el de Pastrana. Con base en esa experiencia, el constitucionalista José Gregorio Hernández cree que Garzón puede ser vicepresidente y director de la OIT.

No obstante, aun si las normas internas no son claras y se prestan para interpretaciones, la doble posición no tiene presentación ante la comunidad internacional. La constitución de la OIT establece que su director no puede solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno. Sería contradictorio ser parte de un gobierno particular y a la vez representar intereses supranacionales.

La pregunta es si Garzón estaría dispuesto a renunciar a la Vicepresidencia en caso de lograr su elección en la OIT. En ese sentido hay que evaluar en toda su dimensión la importancia del cargo para el que está postulado. La OIT maneja un presupuesto bianual de más de 700 millones de dólares, y ejerce enorme influencia en el concierto empresarial y laboral del mundo, pues tiene el encargo de promover los derechos de los trabajadores y ejercer el control sobre su aplicación.

El organismo cuenta con 183 países afiliados (10 miembros menos que la ONU), con representación de trabajadores, empresarios y gobiernos, lo que le da un carácter singular. El momento es crucial, porque debido a la crisis económica y al auge de los tratados comerciales, las condiciones de los trabajadores cobran un espacio importante en la agenda política del mundo. Para un exsindicalista como Garzón, la dirección de la OIT puede resultar más atractiva que la Vicepresidencia de Colombia.

Pero el otro interrogante es si la elección es viable. A Garzón lo favorece haber sido sindicalista, embajador ante la ONU en Ginebra y ministro de Trabajo. Desde el punto de vista político, tiene el respaldo de los países latinoamericanos.

Su competidor más fuerte en la región, Celso Amorim, uno de los pesos pesados de la diplomacia brasileña, retiró su candidatura y Brasil decidió respaldar la postulación colombiana.

Ese apoyo no es menor. Brasil hace parte de las 10 naciones industrializadas que tienen asiento permanente en el Consejo de Administración de la OIT. Este consejo, que es el que elige al director, consta de 56 delegados. La mitad de ellos son representantes de los países, la otra mitad está compuesta por representantes de los empleadores y de los trabajadores (14 y 14). Muchas de las decisiones se toman por consenso y cada delegación vota unánimemente.

A pesar de estas fortalezas, la elección del vicepresidente Garzón en la OIT no está, para nada, asegurada. La hoja de vida no garantiza apoyos, como lo acaba de demostrar que el exmagistrado Eduardo Cifuentes haya sido derrotado en su aspiración a formar parte de la Corte Penal Internacional por candidatos de menor trayectoria de Trinidad Tobago y Honduras: recibió 12 de los 108 votos posibles.

El mecanismo de elección en la OIT es, además, sui géneris y entraña un obstáculo difícil de sortear: el candidato no sólo tiene que ser respaldado por los gobiernos, sino también por los delegados de los empresarios y de los trabajadores.

DURA CONTIENDA
Garzón compite con aspirantes fuertes, como el francés Gilles de Robien, diplomático de carrera y exministro de Transporte de ese país, y el holandés Ad Melkert, exministro de Asuntos Sociales y Empleo de los Países Bajos, más los postulados de Malasia, Níger y Senegal. Hasta el próximo 9 de marzo hay plazo para nuevas inscripciones, que podrían sorprender.

El peso de la tradición también juega en contra del vice. El cargo ha estado ocupado en los últimos 13 años por el chileno Juan Somavia, quien fue reelegido dos veces y se retirará el próximo 30 de septiembre. Antes de él hubo ocho directores, seis de ellos oriundos de los países que tienen asiento permanente con repeticiones de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Es poco probable que un latinoamericano repita.

Finalmente, las opiniones de los sindicalistas en Colombia también conspiran en contra de Garzón. Un sector liderado por el senador del Polo Democrático Alexánder López emprendió una campaña contra su candidatura. Consideran que su elección sería un premio para un país cuestionado por el incumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores.

Aunque la cruzada en realidad es contra el gobierno Santos, puede calar en las agremiaciones sindicales. Al mismo tiempo, Julio Roberto Góme, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y delegado ante la OIT, aduce que la llegada de Garzón a la dirección del organismo debe verse como una oportunidad para que el país se comprometa a rajatabla con los derechos laborales.

La tarea no es fácil. La Cancillería y Garzón tienen hasta el 28 de mayo para conquistar los votos que hacen falta. Colombia está en una especie de cuarto de hora de su diplomacia. Pero le ha apostado recientemente a varias elecciones -al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional- en las que ha invertido capital electoral que podría hacer falta en la difícil batalla que se avecina en la OIT.