La historia data de 2004, cuando el Gobierno expropió a familiares del narcotraficante José Santacruz Londoño dos haciendas (Samaria y Sandrana) ubicadas en Buga y San Pedro del Valle. Dos años después, el Gobierno entregó esas tierras a 195 familias: 83 de desplazados, 50 de paramilitares desmovilizados y 48 de campesinos. En aquel entonces, se presentó como un modelo agrícola que se proponía demostrar que se podían reconciliar los que antes habían sido víctimas y victimarios al compartir un proyecto de producción en esas mil 600 hectáreas dedicadas a la siembra de caña de azúcar y al levante de ganado.

Pero ahora podrían estar a punto de ser ‘reubicados’. ¿Por qué razón? El Incoder tiene varios argumentos. El primero es que los beneficiados con estas tierras en la práctica se las alquilaron a un ingenio azucarero que al año les paga dos mil 500 millones de pesos, por ende, no desarrollan actividades agrícolas propias del campesino y violan así el “régimen parcelario”. En segundo lugar, encontró irregularidades en el manejo de los recursos. “No existe contabilidad alguna, no se han presentado estados financieros a consideración de la asamblea y los dineros se manejan en efectivo”, según José Manuel Zabala, jefe de control interno del Incoder.

Además, están endeudados con intermediarios e ingenios por cerca de tres mil 500 millones de pesos. Y tercero, según Stella Hoyos, directora del Incoder en el Valle, “la Procuraduría y la Contraloría hallaron errores en la adjudicación”. De hecho, según Hoyos, la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios le pidió al Incoder, mediante oficio del 14 de diciembre de 2011, “iniciar la revocatoria directa de todas las adjudicaciones practicadas sobre el globo de terreno denominado ‘Sandrana y Samaria’”.

Muchos de los beneficiarios están preocupados porque creen que detrás de su reubicación lo que existe es un interés por manejar el jugoso negocio. Pues en buenos tiempos esas mil 600 hectáreas han generado ingresos anuales de cinco mil millones de pesos.

A pesar de la rentabilidad, no todo ha sido fácil. La entrega en sí misma fue complicada. En esa época, 2006, el entonces director regional del Incoder, José Tovar, era ficha del hoy exsenador preso por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra y se supo que estaba direccionando las adjudicaciones en favor de su padrino político. El funcionario en ese entonces fue removido, no sin antes declarar que estaba tranquilo: “Cuento con el respaldo del Senador”, dijo.

Luego, cuando ya se instalaron en las tierras, los beneficiarios sufrieron toda clase de tragedias, como el asesinato de 12 de los beneficiarios -según las investigaciones, por razones diferentes cada uno de ellos-, un incendio que acabó con toda una plantación de maracuyá donde invirtieron 80 millones de pesos y la reciente inundación de los cultivos de caña con pérdidas de tres mil millones de pesos. “Nos cayó la roya, pero no podemos asegurar que detras de todo eso hay manos criminales”, dice James Londoño, presidente de la asociación de los beneficiarios.

Y ahora, están en el limbo. En vista de la polémica que se ha creado, el Incoder emitió un comunicado en que daba a entender que las familias no serán desalojadas. Y hace poco respondió a la Procuraduría que no procedía la revocatoria. Sin embargo, la decisión está en manos del Ministerio Público.

Aunque los beneficiarios están corriendo para poder corregir las irregularidades halladas dentro del plazo legal de 90 días que les otorgó la Procuraduría, temen que al final la sanción que van a recibir implicará la revocatoria de la adjudicación. ¿Quién falla? ¿Los campesinos que, en teoría, no han hecho lo que debían o el Estado, que no los acompañó?

Lo que llama la atención es que mientras varios proyectos agrícolas, de las 787 mil hectáreas tituladas por el Incoder a 31 mil 175 familias en todo el país, han fracasado por improductivos o por falta de acompañamiento estatal, Sandrana y Samaria son muy rentables.